Ernesto Albán Ricaurte | El costo real del diésel
Los recursos del Estado deben destinarse a salud, educación y empleo, no a financiar actividades ilegales
En esta misma columna hace dos semanas, en el artículo La guerra imposible, advertía que Ecuador no derrotará al narcotráfico solo con fusiles. La lección de Colombia es clara: décadas de militarización no bastan si no se golpea la base económica de las mafias. La reciente incautación de bienes por $ 300 millones a un grupo criminal demuestra que el dinero es el verdadero campo de batalla. Ese golpe no solo descapitaliza a las mafias, también quiebra la imagen de invulnerabilidad con la que intimidan a la sociedad.
En esa misma lógica debe entenderse la reciente decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel. Aunque existen asuntos fiscales que analizar, la medida es un golpe estratégico al crimen organizado. Durante años, el combustible subsidiado alimentó la minería ilegal, el contrabando fronterizo y el procesamiento de droga. En provincias como Zamora Chinchipe, con apenas el 1 % del parque automotor diésel, el consumo llegaba a 741 galones por vehículo al mes, consumo imposible de justificar sin retroexcavadoras y dragas dedicadas a extraer oro ilegal. Cada máquina consume entre 25 y 45 galones de diésel diarios. Sin subsidio, su costo se dispara y la rentabilidad criminal se erosiona. La minería ilegal mueve fortunas: solo en 2024 exportó oro por más de $1.300 millones, según una investigación de Plan V y cifras reconocidas por la Cámara de Minería del Ecuador.
Por eso la eliminación del subsidio no debe verse como un castigo social, sino como una medida de justicia económica. Los recursos del Estado deben destinarse a salud, educación y empleo, no a financiar actividades ilegales. También es necesario asistir de manera focalizada a sectores productivos legítimos que sí dependen del diésel subsidiado para trabajar. Quitar el oxígeno financiero a las mafias y proteger a quienes cumplen la ley son dos caras de la misma política pública. Si bien algunos temen que esta medida eleve los costos de transporte, el Gobierno debe garantizar apoyos focalizados.
La incautación de capitales y la eliminación del subsidio muestran que el Estado puede golpear al narco donde más le duele: su economía. Mantener este camino permitirá que los ciudadanos recuperen la certeza de que la ley se cumple y que la justicia puede imponerse sobre el miedo.
