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Extinción de dominio

"¿Cómo protegerse cuando se es en verdad tercero, de buena fe?"

Hoy difícilmente puede ponerse en duda la necesidad de que se dicte la ley que permita incautar (sin pago), en favor del Estado, activos corruptos. La ley de extinción de dominio es imparable. El problema es que esos activos no siempre se quedan estáticos en el patrimonio de los hampones. Suelen ser vendidos. Y puede haber terceras personas que de buena fe los adquieran (aunque también puede haber simulaciones, vía testaferros).

¿Cómo protegerse cuando se es en verdad tercero, de buena fe?

El proyecto para segundo debate en la Asamblea tira varias líneas. Primero, el principio de que “La extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad adquirida lícitamente” (art. 13, a). Y segundo, que la investigación de los fiscales debe archivarse “Cuando se demuestre que los bienes cuestionados se encuentran a nombre de terceros y estos han sido adquiridos de buena fe” (art. 30, 4º).

El proyecto define al tercero de buena fe: “Persona cuya conducta ha sido diligente y prudente, exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto de la extinción de dominio (art. 7, f). ¿Diligencia y prudencia en qué? No en el examen de la regularidad formal de los títulos de propiedad -como generalmente ha sido hasta ahora-, sino en el examen de que el activo a comprar corresponda “razonablemente a los ingresos” del vendedor o no represente “un incremento sin sustento en su patrimonio”, pues ambos son supuestos que el proyecto usa para calificar como de “origen injustificado” a los activos (art. 7, b).

De no haber esa diligencia habría el alto riesgo -por la imprudencia del “no tengo cómo saber”- de perder la buena fe. Lo mismo aplica a quienes reciben garantías (como hipotecas), con el agravante de que la extinción de dominio se aplicaría a “bienes, frutos, productos o ganancias, [que] provengan de la enajenación o permuta de otros que, se presume tienen su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas” (art. 18, l).

Los costos transaccionales subirán. Es precio a pagar por la actual vista gorda con la hamponería.