Es historia conocida que el pasado mes de febrero quedó frustrado, por falta de votos en el Pleno de la Asamblea, el para nada inocente adefesio que intentaba reformar la ley de procedimiento penal, para pulverizar la reserva que hoy -al menos en la teoría- tienen las investigaciones que adelantan los fiscales (antes de que decidan promover un proceso penal formal, la llamada instrucción fiscal).

Aquella intentona planteaba cambiar el artículo 584 del Código Integral Penal, para que ya no haya tal reserva cuando los “…organismos de control político, jurídico o administrativo, como el Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, soliciten información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa, circunstancia en la cual la Fiscalía General del Estado, sin la excusa de reserva, remitirá toda la información requerida…”.

Como decía, esa bazofia -que buscaba a guisa de control poder cuestionar pública y dizque legítimamente el curso de unas investigaciones, para torpedearlas y tratar de direccionarlas, con la cobertura de alguna hipocresía de ocasión- quedó pasmada por falta de votos. Pero hay gente porfiada. Y resulta que uno de los anónimos duendes que colaron ese texto en aquel proyecto en trámite hoy se ha sacado la máscara para proponerlo de frente. Se trata del asambleísta Henry Bósquez (Bolívar, ex Revolución Ciudadana).

En ese nuevo proyecto, presentado el 23 de abril de 2024, el Sr. Bósquez ha introducido, medio escondido en sinfín de artículos, uno (el 19) con el que insiste en aquel esperpento, aunque intercalando una frase según la cual la información que la Fiscalía quedaría obligada a entregar sin reserva sobre los casos materia de investigación sería “de contextos generales y no específicos”, comoquiera que pueda interpretarse tal endulce.

Lo más llamativo es que no obstante que el Sr. Bósquez se convirtió en tránsfuga de la Revolución Ciudadana el 11 de abril de 2024 -recibiendo duras recriminaciones de sus excompañeros, encabezados por la excandidata presidencial Luisa González-, todos los asambleístas que firman respaldando el proyecto, presentado luego de su escape, son precisamente de esa bancada, salvo Milton Aguas (de Galápagos), tránsfuga igual que Bósquez.

En fin. Queda advertido semejante despropósito. Mantener la reserva de las investigaciones penales es fundamental. Y en lugar de fortalecerla se intenta pulverizarla.