Eduardo Carmigniani | Ocultamiento y distorsión de pruebas
Pero el problema en verdad es si los fiscales a los que se defiende hicieron o no lo mismo
El pasado 10 de julio la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) hizo pública su preocupación por la sentencia a ocho meses de prisión, dictada en primera instancia el 8 de octubre de 2024 por un juez de Brescia, Italia, en contra de los fiscales De Pasquale y Spadaro, imputados de ocultar evidencia relevante en un proceso penal por supuesta corrupción.
En el mismo documento la FLF se ofreció a presentar un “amicus curiae” sobre “los especiales cuidados que tienen los fiscales anticorrupción en la introducción de elementos probatorios al proceso por el riesgo de falsedad, o injerencia indebida”. Pero al mismo tiempo cuestionó la condena a sus colegas afirmando que estuvo basada en una “sorpresa procesal”: “una pericia parcial, no concluida, producida en un expediente ajeno, no controlada por nadie, enviada de manera informal por quien no tiene ninguna intervención en el proceso, y que se recibe fuera del período probatorio”.
No puedo sino concordar con lo ahí dicho. Pero el problema en verdad es si los fiscales a los que se defiende hicieron o no lo mismo. No sería la primera vez. Ya en mayo de 1963 la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Brady v. Maryland, juzgo un caso de ocultamiento de evidencia favorable y relevante para un acusado, diciendo que con eso se le violó el derecho al debido proceso.
Aquí también está prohibido que los fiscales oculten evidencias. “Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento”, dice la Constitución (art. 76, 7º, d). Pero además, el principio de objetividad que impone la ley a los fiscales los obliga a investigar “no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan” (COIP, art. 5, 21º). Mas ese claro mandato suele ser olímpicamente obviado. Hay casos en que no solo no investigan objetivamente todos los hechos (tanto los que perjudican como los que favorecen al imputado), sino que llegan al extremo opuesto: pretenden alterar el significado que en español tienen las pruebas.