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Diana Acosta-Feldman: La consulta Pokémon

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Incorporar preguntas sin el rigor constitucional, como las propuestas por algunos ‘Pokémones destructivos’, sería un error jurídico

No tengo idea de qué serán los Pokémon. Soy de otra época, de Mazinger Z, He-Man y los Amos del Universo; tantas décadas que ya ni me acuerdo. Lo que sí recuerdo son los parámetros que dio la Corte Constitucional para las consultas populares, y que en varias ocasiones exhortó al presidente a presentar los temas planteados a la Asamblea a través de proyectos de ley, por ser esa la vía adecuada, exhortando también a la Asamblea a sintonizar con las necesidades urgentes del país y cumplir su rol de legislador responsable. Entonces, como ahora, muchas de las preguntas no requieren de una consulta popular, sino de la voluntad política y de reformas urgentes y necesarias al COIP.

Coincido, existen temas importantes que debieron proponerse, como la extradición de los corruptos, eliminar las competencias que tiene el CPCCS de nombrar autoridades, una reforma estructural al Poder Judicial y no solo hacernos la pregunta ganadora de si queremos “la paz absoluta”.

Preocupa que esta consulta, que algunos tildan de decepcionante, blanda, “inútil y errática”, se convierta en una consulta inconstitucional si incorporan las propuestas de Pokémones que “Destruyen”, como flexibilizar el régimen laboral o la contratación por horas, pues aquello sería regresivo de derechos, y con seguridad no sortearía el control de constitucionalidad que realiza la alta Corte. Esta analiza, entre otras cosas, que las preguntas planteadas y sus anexos no induzcan las respuestas al elector; que exista relación directa de causalidad entre el texto normativo sometido a aprobación y la finalidad o propósito que se señala en el considerando que introduce la pregunta, y que estas no restrinjan el contenido de los derechos, ni garantías constitucionales, ya que los derechos se desarrollan de manera progresiva, sin disminuirlos, menoscabarlos o anularlos injustificadamente.

Incorporar preguntas sin el rigor constitucional, como las propuestas por algunos ‘Pokémones destructivos’, sería un error jurídico, pues convertiría a la consulta en un Pokémon, que la transformaría de simplona en inconstitucional.