Estado fallido

Ahí, cuando el Estado no logra cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos, cuando se ve desbordado por la violencia de las mafias narcodelictivas, por las mezquindades políticas de sus adversarios, por los desmanes de grupos minoritarios que amenazan con tomarse las calles si no se cumplen sus caprichos, por un Sistema Judicial que de forma inexplicable deja en libertad a criminales, por la pobreza, el desempleo, la deserción escolar y hasta la madre naturaleza, cuya inclemencia ha cobrado la vida de muchos ecuatorianos.

Tanto el Gobierno como la Asamblea se encuentran enfrascados en una lucha de poder por mantenerse en sus cargos mientras el país se ve azotado por la violencia que toca nuestras puertas todos los días. Un asesinato en el corazón de pelucolandia, un hombre-bomba en Sauces, un centro comercial tomado por asaltantes de un banco, una directora de un hospital del IEES asesinada, un periodista víctima de un pendrive-bomba, así como muchos otros medios de comunicación que recibieron el mismo artefacto que no llegó a detonar. La lista es interminable y nos equivocamos si pensamos que ya hemos tocado fondo, pues la realidad del país se asemeja cada vez más a lo vivido por Perú y Colombia en los 80’s.

A esta situación se suma el discurso incendiario del Guasón de Poncho, quien fiel a su panfleto apologista de la violencia, “Estallido”, amenaza con tomarse las calles si la Corte Constitucional, una de las pocas instituciones respetadas en el país, no actúa y falla de acuerdo a su iletrado y lego conocimiento constitucional, o incluso si el Gobierno hace uso de la muerte cruzada. Culpando además al Gobierno, al cual tilda de corrupto y facista, de la violencia con la que ellos mismos amenazan desatar.

Finalmente la Corte Constitucional, en un fallo de mayoría calificada, se pronunció a favor de todos y en contra de nadie, otorgando un dictamen de admisibilidad parcial en el cual descartan las acusaciones de concusión en los casos de EMCO y Petroecuador y admiten la causal de peculado por el caso Flopec.

La Corte Constitucional ha buscado satisfacer a la Asamblea al otorgarle luz verde para llevar a cabo el tan ansiado juicio político, brindándole la tranquilidad mental de haber actuado de acuerdo a las normas constitucionales y legales, y permitiéndoles finalmente activar los mecanismos constitucionales de control político para exigir al Presidente de la República que rinda cuentas ante el seno de la Asamblea. Pero también ha lanzado un salvavidas al Gobierno al darle una oportunidad al Presidente de acudir a la Asamblea a defenderse de una acusación que cae por su propio peso, al no haber estado en funciones en la fecha en la que se habría dado el supuesto peculado y sobre el cual existe un informe de la Contraloría General del Estado que no establece indicios de responsabilidad penal.

En este contexto, la ventana de la muerte cruzada es cada vez más pequeña, no dejando otro camino al Gobierno, en cumplimiento del orden constitucional, de enfrentar el juicio político a la espera de que la Asamblea cumpla su papel en estricto apego a la ley. La muerte cruzada quedará como un as bajo la manga para el Gobierno, que esperemos nunca deba usar.