A medida que Estados Unidos está cada vez más cerca de sus elecciones presidenciales más se habla sobre el voto por correo. Algunos ven esta opción como necesaria para garantizar que todos tengan acceso a las papeletas electorales en medio de la pandemia COVID-19, y que de manera particular puedan acceder obreros y grupos minoritarios, que son los que tienen tasas de infección desproporcionadamente altas. Pero otros, incluido entre ellos el presidente Donald Trump, se oponen a viva voz a las papeletas de votación enviadas por correo, arguyendo un supuesto riesgo de fraude. Su argumento es espurio, y no es realmente novedoso. Durante los últimos seis siglos, aquellos que buscan limitar el sufragio han tratado de alcanzar sus objetivos citando la necesidad de mantener la “integridad” del sistema electoral.

La historia trajo consigo una característica de las votaciones que hoy consideramos sagrada. Algunos miembros del Parlamento abogaron por expandir el sufragio y a favor de que sea secreto en el caso de las elecciones a la Cámara de los Comunes. Desde tiempos inmemoriales, la votación en las elecciones del condado se había llevado a cabo en público, lo que había permitido que las personas con medios intimidaran o sobornaran a otras para que votaran según las instrucciones que se les impartía. Pero pasarían 40 años antes de que el Parlamento adoptara el Decreto de Papeleta de 1872. Una de las principales razones para el retraso en la implementación de la votación secreta fue que los opositores arguyeron que se pondría en peligro la integridad del proceso electoral. Algunos parlamentarios ya habían propuesto una votación secreta en 1830, pero otros replicaron que tal medida conduciría a un “eterno recelo e hipocresía”. En 1862, otro opositor de las votaciones secretas dijo algo muy parecido, al afirmar que “en lugar de ser un control sobre el soborno, lo facilitaría impidiendo su detección en muchos casos”. Tristemente, estos argumentos hoy se repiten en EE. UU., país que ha ingresado a una nueva era de restricciones de votación que recuerda la privación del derecho al voto a afroamericanos. En los últimos años, 25 Estados estadounidenses han aprobado leyes que dificultan el voto. Los Estados también limitaron la concurrencia al reducir la cantidad de centros de votación. El claro efecto de estas medidas es inclinar el campo de juego, desfavoreciendo a los grupos minoritarios y de bajos ingresos. Al igual que en Inglaterra hace 600 años, el objetivo manifiesto, preservar la integridad del proceso electoral, es meramente una conveniente cortina de humo.

En el debate que se produce en EE. UU. sobre el voto por correo, medida respaldada por una gran mayoría de adultos estadounidenses, los opositores a una amplia participación electoral están planteando una vez más el fantasma del fraude y la corrupción para ir tras la consecución de objetivos partidistas utilitarios. Sin citar ninguna evidencia, afirman que este nuevo sistema de votación está de alguna manera sujeto a mayores irregularidades que el tradicional voto presencial. Pero el verdadero temor de Trump y de otros es que el voto por correo vaya a aumentar la concurrencia de votantes y vaya a ayudar a los candidatos demócratas. Solo podemos esperar que, con el pasar del tiempo, los defensores del sufragio expandido reanuden su racha ganadora.