Con la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la Cámara de Representantes de los EE. UU. eliminó un importante obstáculo potencial al pacto comercial.

El Senado mexicano ya aprobó el acuerdo y se espera que el Senado estadounidense y el Parlamento canadiense hagan lo mismo el año entrante. Una vez vigente, el T-MEC (que reemplazará al TLCAN) tendrá amplias consecuencias para México en particular. La votación de la Cámara de Representantes se demoró más de un año desde que los líderes de los tres países firmaron el T-MEC en Buenos Aires, (nov. 2018). 

Para muchos fue una espera más larga de lo previsto; para otros fue todo lo contrario, teniendo en cuenta que los republicanos perdieron la mayoría en la Cámara en la elección intermedia del año pasado. Había en los tres países funcionarios y analistas que confiaban en que el Congreso aprobaría el acuerdo, dadas las importantes concesiones en materia de empleo, normativa laboral, medioambiente, resolución de disputas, productos lácteos y propiedad intelectual que el presidente estadounidense Trump les arrancó a los gobiernos mexicano y canadiense. Y era un optimismo justificado. 

Pero ya había llegado Acción de Gracias EE.UU. y la administración Trump aún no había enviado el proyecto del T-MEC a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el acuerdo se pospusiera hasta después de la elección presidencial de 2020 en EE.UU. El aparente ‘impasse’ se debió a razones de índole política y material. Si Pelosi apoyaba el T-MEC le habría dado a Trump una victoria al mismo tiempo que la Cámara le iniciaba un proceso de destitución. Pero si se oponía al tratado, con el argumento de que no se habían tenido en cuenta las demandas de los sindicatos estadounidenses, habría expuesto a los demócratas a la acusación de Trump de que no piensan en otra cosa que anular el resultado de la elección de 2016. Al final, Pelosi se decantó por apoyar el acuerdo, porque calculó que los beneficios de una postura constructiva superaban las desventajas de darle a Trump algo de qué alardear. Las dificultades materiales tienen que ver más que nada con la fiscalización de las disposiciones del T-MEC referidas a normas laborales, ambientales, de propiedad intelectual y de resolución de disputas. Igual que el TLCAN, el T-MEC es mucho más importante para la economía de México que para la de EE. UU. Además, las disposiciones laborales y ambientales del nuevo acuerdo van dirigidas esencialmente a México. Pero aunque estas medidas adicionales son bienvenidas, llegan en un momento difícil para la economía del país. El T-MEC modificado contiene una serie de muy necesarios mecanismos de fiscalización. Para empezar, se traslada el peso de la prueba en lo referido a presuntas violaciones de normas laborales o ambientales, del acusador que se encargarán de “monitorear y hacer cumplir” las obligaciones de México en estas áreas. 

Los agregados laborales informarán cada tres meses a un comité laboral interagencial estadounidense, y en principio estarán habilitados para recibir quejas e investigar presuntas violaciones de las leyes laborales mexicanas. Bien puede ocurrir que el T-MEC consiga mejorar marginalmente la situación estadounidense en materia de empleo, inversión, normativa laboral, medioambiente y resolución de disputas. Pero si el objetivo es estimular el crecimiento económico y el bienestar y reforzar el Estado de Derecho en México, nada de eso sucederá pronto.