La crisis climática es también crisis sanitaria. Las mismas emisiones que provocan el calentamiento global son en gran medida responsables de contaminar el aire que respiramos, lo que genera enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, infecciones y daños a todos los órganos del cuerpo. La contaminación del aire es el nuevo tabaco, y causa tantas muertes como los cigarrillos. El mayor riesgo es para niños, ancianos, mujeres embarazadas y adultos con el sistema inmunitario debilitado. La publicidad de la industria del tabaco y su influencia sobre las autoridades están estrictamente reguladas en todo el mundo, y se han tomado medidas para proteger las políticas sanitarias y obligar a esas empresas a decir la verdad: que el producto que venden, mata. Pero nuestra respuesta es muy diferente ante la contaminación del aire y el cambio climático derivado de los combustibles fósiles, aunque son igual de letales. 

¿Dónde están las políticas para impedir presiones de la industria de los combustibles fósiles a los gobiernos, o para poner fin a los US$ 370.000 millones en subsidios que se regalan cada año a empresas del carbón, gas y petróleo? ¿Por qué seguimos pagando por un producto que nos mata? Igual que la fuerte respuesta mundial al tabaco, el abandono del nocivo uso de combustibles fósiles demanda intensificar las intervenciones políticas actuales y los esfuerzos de movilización social. Felizmente, algunos organismos financieros multilaterales ya se dieron cuenta de la oportunidad implícita en ese cambio. Hace poco, el Banco Europeo de Inversiones anunció que dejará de financiar proyectos de explotación de combustibles fósiles sin reducción de daños ambientales y que usará su posición para canalizar capitales públicos y privados hacia las energías renovables. 

El derecho humano a una vida sana y a un futuro sostenible genera cada vez más demandas legales para obligar a rendir cuentas a los funcionarios que no lo promueven. En la Asamblea General de NN. UU. de este año, muchos gobiernos respondieron el pedido de la OMS de “una calidad del aire que sea segura para la ciudadanía, y compatibilizar las políticas referidas al cambio climático y a la contaminación del aire de aquí a 2030”. Es un primer paso alentador. Ahora es necesario que muchos de los países con la mayor carga sanitaria derivada de la contaminación del aire comiencen a abandonar el uso de fuentes de energía más contaminantes. Como la contaminación que lo causa, el cambio climático no respeta fronteras nacionales ni reserva sus efectos a los que contaminan. Un nuevo estudio mundial de la OMS muestra que muchos países están muy expuestos, son vulnerables y carecen de apoyo para enfrentar los riesgos sanitarios del cambio climático y de la contaminación del aire. Es evidente que necesitamos una respuesta internacional y justa a esta presión creciente sobre la salud pública. Las acciones futuras deben reflejar los costos reales de la economía basada en combustibles fósiles y dar ayuda a los más afectados. Para lograrlo, todos los firmantes del acuerdo climático de París deben comprometerse a intensificar sus planes nacionales de acción climática de aquí a 2020. También tenemos que crear nuevos mecanismos eficaces para la protección de los más vulnerables y para ayudar a comunidades a adaptarse a las realidades del cambio climático. La salud debe ser tema central en nuestros compromisos conforme al Acuerdo de París. La contaminación que nos asfixia y que calienta el planeta lleva generaciones acumulándose. No podemos darnos el lujo de tardar tanto para arreglar el problema.