Raj Patel | Cómo el G20 podría ayudar a eliminar el hambre mundial

Al asumir la presidencia del G20 en diciembre, Sudáfrica eligió como lema “solidaridad, igualdad y sostenibilidad”. Lejos de ser un eslogan vacío, esta visión refleja los principios en los que debe basarse cualquier respuesta internacional creíble a la crisis alimentaria actual.

Impulsada por el cambio climático, los conflictos y la desigualdad, la inseguridad alimentaria crece en todo el mundo. Las herramientas para afrontarla existen; el reto es movilizar la voluntad política. La presidencia sudafricana del G20 representa una oportunidad única para lograrlo.

Brasil ofrece un modelo inspirador: en dos años sacó a 40 millones de personas de la inseguridad alimentaria y salió del mapa del hambre de la ONU. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reactivó políticas eliminadas por su predecesor, impulsó programas de alimentación escolar con compras a pequeños agricultores, aumentó el salario mínimo y reconoció el derecho a la alimentación. Estas medidas no son experimentales, sino soluciones probadas que demuestran que erradicar el hambre depende más de la valentía política que de la innovación tecnológica.

Durante su presidencia del G20, Brasil promovió la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Sin embargo, los resultados siguen siendo limitados porque muchos miembros, especialmente los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), priorizan soluciones de mercado que favorecen a las corporaciones por encima de las personas.

En lugar de nuevas iniciativas, el G20 debería fortalecer los programas eficaces ya existentes. El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU ofrece un espacio sólido para el debate global; ahora se requiere una agenda política concreta que permita impulsar políticas nacionales contra el hambre.

Aunque Sudáfrica pronto entregará la presidencia a Estados Unidos —el único miembro que se ha negado a reconocer el derecho a la alimentación—, aún puede avanzar en herramientas políticas clave. Cuatro destacan: Contratar a granjas familiares locales para programas escolares, fortaleciendo la nutrición y los medios rurales; crear reservas y mecanismos de estabilización de precios para proteger a consumidores y agricultores; ampliar políticas de protección social —salarios dignos, transferencias y prestaciones universales— que garanticen una alimentación saludable; aprobar leyes que consagren el derecho a la alimentación para exigir responsabilidades a los gobiernos.

Los líderes del G20 deben entender que no están obligados a seguir las prioridades de los BMD. Desde sus puestos en los consejos directivos pueden redirigir el apoyo internacional de la agroindustria exportadora hacia sistemas alimentarios locales y agricultura familiar resiliente al clima.

Por primera vez, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria reconoce la agroecología como vía hacia una agricultura sostenible, biodiversa y resiliente. El Consejo de Investigación Agrícola trabaja en un marco nacional basado en cultivos autóctonos.

Pero las comunidades no pueden esperar. Durante la pandemia, una red de 78 pequeños productores —en su mayoría mujeres— en KwaZulu-Natal cultivó frutas y verduras que abastecieron negocios, escuelas y mercados locales. Esta experiencia muestra que los sistemas alimentarios locales sostienen tanto los medios de vida como a las comunidades.

El hambre no se combate en las salas de conferencias, sino en cocinas, escuelas y campos. Para ganar, los productores de base necesitan respaldo político y recursos.

El G20 debe enfrentar la crisis del hambre o perderá credibilidad. Sudáfrica puede liderar el camino priorizando la justicia alimentaria y demostrando que la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad no son ideales abstractos, sino esenciales para la supervivencia de la humanidad.