César Febres-Cordero | Luchando contra la Hidra
Con más razón, es necesario que el Gobierno nos plantee con seriedad una estrategia
El crimen en Ecuador no es de lo más organizado. A mediados de este año, un informe del proyecto de Datos y Localización de los Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) reportó que el número de bandas registradas en el Ecuador había pasado de 22 en 2023 a por lo menos 37 en 2024. Estos grupos del crimen organizado usualmente no se dividen de forma pacífica, sino que con sus separaciones desencadenan olas de violencia en los territorios que buscan dominar.
Así fue como estalló el crimen violento en el país por primera vez en el 2020, con la disgregación de los Choneros provocada por el asesinato de su líder Rasquiña. Y así hemos visto cómo las bandas que surgieron en esa etapa se han vuelto a dividir, repitiendo la historia a escala local en múltiples cantones y provincias enteras. Los ejemplos sobran y han sido ampliamente reportados por la prensa y los portales especializados: en Socio Vivienda, la guerra abierta entre los Fénix y los Igualitos, subdivisiones de los Tiguerones; en Durán, los choques entre 5 o 6 facciones de los Chone Killers, y en El Oro, donde la pelea entre los Lobos y los Sao Box se recrudece.
En los dos primeros casos, la captura de los principales cabecillas de las bandas delictivas ha sido la causa más importante de la fragmentación violenta. Esto pone en evidencia la deficiencia de la estrategia gubernamental de simplemente ir por los cabecillas de los GDO, que si no deja a los cuerpos delictivos intactos, los empuja hacia el autocanibalismo. El resultado, en el mejor de los casos, es más de lo mismo para la población que vive bajo el miedo.
Según la misma ACLED y otras fuentes expertas, esta dispersión y conflictividad que vemos en el Ecuador llega a parecerse a la violencia entre carteles en México y deviene como efecto de la influencia de las organizaciones criminales mexicanas en el país. Es de esperarse entonces que esta atomización continúe incluso sin la intervención directa de la fuerza pública. Con más razón, es necesario que el Gobierno nos plantee con seriedad una estrategia que vaya más allá de tachar nombres en una lista de más buscados.