César Febres-cordero: Carondelet bien vale un papel

El Ecuador es un estado laico y por tanto es inapropiado que las iglesias dicten políticas de Estado
En días recientes, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González se reunieron por separado con representantes de instituciones eclesiales y organizaciones conservadoras para firmar su compromiso de “defender la vida desde la concepción”, “defender el derecho de madres y padres a educar a sus hijos” y “proteger a la niñez y adolescencia”. Ambos documentos son casi idénticos, aunque, reconociendo las visiones disímiles sobre el tamaño del Estado que tienen ambos candidatos, en el caso de González consta la promesa de crear una nueva secretaría de Estado para la familia, mientras que en la versión de Noboa solo se menciona un encargo parecido a una subsecretaría ya existente. Como era de esperarse, ambas decisiones han generado revuelo en el campo progresista.
Su principal queja es, a primera vista, bastante razonable: el Ecuador es un estado laico y por tanto es inapropiado que las iglesias dicten políticas de Estado. Sin embargo, e independientemente del contenido de los acuerdos firmados, ninguno de los dos candidatos ha permitido eso. Lo que han hecho no es más que el simple y llano ejercicio de la política en un estado aconfesional, que no considera a la religión como una verdad revelada sino como una creencia, al igual que la ideología política o que cualquier filosofía de vida. Pues si un estado no discrimina ni a favor ni en contra de nadie por motivos de fe, las iglesias y los movimientos de inspiración religiosa bajo su jurisdicción deben ser vistos por este como parte de la sociedad civil, tanto como cualquier otro grupo de interés.
Lo que González y Noboa han firmado no debe ser cuestionado ni celebrado por razón de quiénes fueron sus autores, sino por el valor de su contenido y por los compromisos previos de los candidatos con otros grupos de interés y con sus propios votantes.
Queda esperar, así uno sea conservador en estos asuntos o en cualquier otro, que este compromiso de los candidatos no signifique un viraje electorero hacia la guerra cultural. Las víctimas de violencia sexual y los niños de este país no merecen ser meras piezas de juego en las tramas de los conspiranoicos y los oportunistas.