Ojalá fuera cierto eso de que todos somos iguales. Aunque tenemos en común nuestra condición de humanos, definitivamente no vivimos en igualdad.

Pero, para el presidente, todas tenemos los mismos accesos, las mismas oportunidades, y se nos respetan los mismos derechos. Para el presidente, una niña de 12 años violada sistemáticamente por su padre está en igual situación que una mujer de 23, violada por un desconocido.

Es imperdonable que se redacte un veto desde la burbuja. Yo, por ejemplo, puedo pagar y sacar una cita para el médico hoy mismo. Pero María, como la gran mayoría de las mujeres, debe esperar meses para que el IESS le dé una.

Yo, como mujer adulta, tengo acceso al sistema judicial. Una niña de 12 años como Catalina, que ha sido violada sistemáticamente por su padre, no sabe dónde queda una notaría, su violador jamás la acompañará a poner una denuncia y su madre tampoco, porque viven en un círculo de violencia que este país encubre con vetos como el suyo.

Exigir declaración juramentada o examen médico para comprobar la violación se traduce en “tu palabra no tiene valor”. Solo imaginen que, tras sufrir el trauma de un abuso, una tiene que revivirlo para lograr que un funcionario valide el horror -como si ser violada no fuera válido-. Se está condenando a miles de mujeres a la tortura de un sistema ineficiente. Niñas silenciadas por sus familias y abandonadas por el Estado. Más que nunca cobra sentido el grito de las feministas hartas de vivir en las sombras y la impunidad: el Estado opresor es un macho violador.

Sepa usted que los plazos impuestos afectan a las mujeres más empobrecidas y olvidadas, a las que no tienen acceso a la salud pública ni a la justicia, niñas que no saben si están embarazadas de su violador hasta el cuarto mes. Seguirán abortando, pero muchas serán condenadas a muerte por este veto que desconoce la realidad desigual de nuestro país. Hacerse de la vista gorda es un privilegio que demuestra qué tan lejos estamos de saber cuáles son los problemas del país.