Carlos Alberto Reyes Salvador | Guerra arancelaria
Las fronteras no se protegen encareciendo bienes. Se protegen con inteligencia, cooperación binacional efectiva
La reciente escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia confirma una vieja lección de la economía política. En las guerras comerciales nadie gana. Lo que se presenta como defensa del interés nacional suele convertirse en un despliegue de egos, una competencia simbólica por demostrar firmeza ante el adversario. Un pulso innecesario que termina erosionando aquello que se pretende proteger.
Elevar aranceles hasta el 50 por ciento equivale a paralizar el comercio bilateral. Colombia es uno de los destinos más relevantes de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, con flujos que bordean los ochocientos millones de dólares anuales. Alrededor de cincuenta mil plazas de empleo dependen directa o indirectamente de esa relación comercial. Golpear ese intercambio no es un gesto abstracto de política exterior, una decisión con efectos concretos sobre el aparato productivo formal y sobre los trabajadores que viven de él.
Por otro lado, también pierden los consumidores. Un arancel elevado se traduce en precios más altos y menor variedad de bienes. La capacidad adquisitiva se reduce en un contexto ya complejo para los hogares. La carga recae, como casi siempre, en quienes menos margen tienen para absorber incrementos de costos.
La historia económica demuestra que barreras de esta magnitud no solo desincentivan el comercio formal, sino que incentivan el contrabando y la informalidad. Cuando se encarecen artificialmente los productos, emergen mercados negros que socavan la recaudación fiscal y fortalecen redes ilícitas. El remedio puede resultar peor que la enfermedad.
Cabe preguntarse cuál es la finalidad real de esta medida. Se argumenta que responde a demandas de mayor control fronterizo y a la necesidad de acciones concretas en materia de seguridad. Sin embargo, utilizar aranceles como si fueran tasas de seguridad difícilmente impedirá aquello que se busca frenar. El objetivo no es cerrar el comercio con Colombia ni impedir el ingreso de sus bienes de consumo y manufactura, salvo contadas excepciones. Lo que en realidad se quiere evitar es la importación indiscriminada de drogas y la violencia asociada a esas economías criminales.
La estrategia nos recuerda el intento de Donald Trump de presionar a México mediante aranceles para forzar un mayor control migratorio y de narcóticos. Los resultados fueron ambiguos y el costo económico significativo. Pretender replicar esa fórmula en la relación con Colombia parece más un gesto de imitación que una política cuidadosamente calibrada.
Además, la coyuntura política colombiana agrega complejidad. En el marco de la llamada ‘pax’ narca, Colombia ha sostenido una relativa estabilidad interna bajo un delicado equilibrio con actores ilegales. Pensar que una presión arancelaria logrará alterar esa dinámica es, cuando menos, optimista. Incluso podría interpretarse como una injerencia en un escenario preelectoral, con el riesgo de fortalecer a sectores afines al oficialismo colombiano si la medida se percibe como agresiva o desproporcionada.
Las fronteras no se protegen encareciendo bienes. Se protegen con inteligencia, cooperación binacional efectiva, inversión en tecnología y fortalecimiento institucional. La seguridad es un desafío complejo que no admite soluciones simplistas ni gestos grandilocuentes.
