Carlos Alberto Reyes Salvador | El punto de partida del desarrollo

¿Es una nueva Constitución la solución a todos nuestros problemas? No. Pero sin duda es el punto de partida indispensable si queremos que el Ecuador deje atrás su estancamiento crónico y se oriente hacia el desarrollo con reglas claras, instituciones predecibles y ciudadanos libres.

La actual Constitución, modificada innumerables veces -incluso antes de su propia aprobación-, nació viciada de origen. Redactada con un espíritu refundacional y populista, erigió un Estado hipertrofiado, omnipresente y garante de todo, menos de lo esencial: la libertad y la seguridad jurídica. Su diseño consagra un Estado de “derechos” que termina vaciando de contenido los deberes y responsabilidades ciudadanas. Institucionalizó la repartición del poder a través de los llamados “poderes ciudadanos”, una invención que, en la práctica, sirvió para cooptar y controlar las funciones de vigilancia y control del Estado. Así se incubó un sistema complaciente, garante del abuso y promotor de la impunidad.

Esta Constitución erigió al Estado empresario como protagonista de la economía. Bajo el disfraz de “sectores estratégicos”, se montó un entramado de empresas públicas, contratos reservados y fondos opacos que se convirtieron en la matriz institucional de la corrupción. No es casual que los mayores escándalos de la última década provengan justamente de ese modelo: petróleo, energía, telecomunicaciones, obra pública. La concentración del poder político y económico en manos del Ejecutivo -un hiperpresidencialismo sin contrapesos- ha convertido al Estado en botín.

Es por esto que una nueva Constitución es un imperativo ineludible. Esta deberá ser la piedra angular de un nuevo modelo de desarrollo, donde el individuo recupere su dignidad frente al aparato estatal. Una Constitución moderna, cuyos principios garanticen la primacía de la libertad individual sobre la tutela estatal, que otorgue a sus ciudadanos la garantía plena de la propiedad privada y la libre iniciativa. Una Constitución que diseñe un Estado limitado, eficiente y transparente, enfocado exclusivamente en asegurar la seguridad, la justicia y la infraestructura básica y que asegure un sistema judicial independiente y sometido solo al imperio de la ley. Una Constitución que propugne una economía abierta, donde la libre competencia prevalezca como motor del desarrollo.

Ejemplos sobran. Perú es el más cercano. Gracias a su Constitución de 1993, el país logró en pocos años una transformación radical, pasando de ser un país asediado por el terrorismo y presa de la hiperinflación, a ser el segundo país de la región en índices de desarrollo económico, con décadas de estabilidad, inversión y crecimiento. Lo logró porque blindó la economía frente a la manipulación política. En el Perú, las reglas del juego no cambian con cada gobierno y, a pesar de sus violentos vaivenes políticos, el marco constitucional ha dado certeza a largo plazo, el ingrediente más valioso para el desarrollo.

Ecuador necesita una Constitución que deje atrás el fetichismo del ‘Estado proveedor’ y apueste por el ciudadano libre, responsable y emprendedor. Que no reparta prebendas sino oportunidades. Que sustituya el clientelismo por la competencia. Que entienda que la justicia social no nace del gasto público, sino del crecimiento sostenido que solo la libertad económica puede generar.