Vergüenza, enfado, asombro, asco... Todos los calificativos existentes en el diccionario de la lengua española no son suficientes para evidenciar la indignación que siente la gente honesta de nuestro país ante el hecho reprochable e intolerable de un juez “multicompetente” de Manglaralto, al haber concedido la libertad a Jorge Glas Espinel mediante un recurso de ‘habeas corpus’, violentando el derecho, porque sobre él pesan sentencias ejecutoriadas por haber cometido delitos de corrupción para los que hay imprescriptibilidad, para la acción y para la pena.

No es intención de esta columna analizar si hubo pacto o no de por medio para que Glas salga en libertad. No. Lo que busca es exigir a la justicia ecuatoriana que comprenda que está atravesando por una etapa de desprestigio y de incredulidad por su falta de solvencia ética y jurídica. Que cuando un país pierde la fe en los operadores de justicia camina más rápido al despeñadero.

Este juez de Manglaralto, que no es multicompetente sino muy incompetente, debe ser sancionado con todo el rigor de la ley por haber cometido el delito de prevaricato. El Consejo de la Judicatura no debe esperar tanto para dar inicio a una investigación ágil y coherente que permita la destitución de sus funciones.

El país espera que la Corte de Justicia de Santa Elena, que va a conocer este caso por la apelación que se ha interpuesto de la inicua resolución que dictó el muy incompetente juez, trate el asunto con agilidad y dicte la única resolución que cabe, cual es la de revocar ese recurso de ‘habeas corpus’ para que Glas regrese a la cárcel de Latacunga.

Si no se actúa de esta manera, este precedente es funesto porque todos los presos podrían salir en libertad con los mismos argumentos esgrimidos por Glas.

Hay que recobrar la institucionalidad que con actitudes y procedimientos como el que motiva este comentario se agrava y se resquebraja más.

La sociedad ecuatoriana no debe permanecer tan indiferente. No debe caer en la anomia que la perjudica. Debe llevar a cabo movilizaciones para hacerse presente en Santa Elena en los momentos en los que la Corte Provincial de Justicia conozca la apelación.