¿Estamos en guerra o no?

Es la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos. Y la respuesta por parte del Gobierno nacional es la de que enfrentamos una guerra con mafias internacionales, narcotráfico y delincuencia organizada, que nos tienen a todos viviendo entre “la libertad y el miedo”. Ante tan grave situación no caben medias tintas. Se demanda políticas de Estado contundentes, no simples declaraciones u ofertas de las que se ríen nuestros enemigos. La guerra hay que enfrentarla en la misma forma en que la lleva a cabo el enemigo. Sin advertirle lo que se va a hacer, para tomarlo de sorpresa. El Estado está obligado a robustecer la fuerza pública para dotarla de medios más efectivos y modernos, como los que tienen los enemigos. A depurar las fuerzas del orden de elementos que aparecen de una u otra manera vinculados con las mafias, lo que ya se ha puesta en evidencia en más se una oportunidad. A preparar de manera real y efectiva a los integrantes de Fuerzas Armadas y Policía para que enfrenten a los enemigos con éxito; a deponer eufemismos como el de disponer que hagan uso progresivo de la fuerza para luchar contra la delincuencia, en tanto que los mafiosos atacan con todo sin pensar en hacer usos progresivos. Esto es inaudito y no puede pasar más. Para lo dispuesto se fundamentan en el respeto a los derechos humanos, que a la postre son respetados solo para los victimarios y no para las víctimas. Ecuador debe volver a ser una isla de paz. Está dejando de serlo porque los delincuentes internacionales han penetrado tanto en ciertos territorios de la patria, que se está produciendo el éxodo a otras ciudades, dejando en manos del hampa sectores que son parte de nuestro desarrollo económico. Ejército y Policía deben actuar conjuntamente, de conformidad con planes estratégicos, pues de acuerdo con la Constitución son las que garantizan la seguridad del Estado y por ende de la ciudadanía. “Frente a una suprema razón de hecho se impone una suprema razón de derecho”. Bajo este principio jurídico debe verse la actuación conjunta entre Ejército y Policía. No podemos vivir en zozobra. Hay que hacer lo indecible para salir de este trágico momento; es una tarea difícil, pero no imposible para el Gobierno y todas las instituciones del Estado, sin ninguna excepción.