Bernardo Tobar Carrión | Neofeudalismo

Si se partiera de la buena fe y la responsabilidad ciudadana, infinidad de trámites podrían reducirse a una declaración del propio interesado por vía digital. Hay tecnología suficiente para detectar desviaciones de la norma e inconsistencias de datos como para activar las alertas y facilitar los controles y sanciones posteriores. ¿Qué promotor o constructor firmaría una declaración de conformidad, por ejemplo, de que la edificación no supera la relación permitida entre el área total y la construida, si la falsedad le acarrearía la inhabilitación del ejercicio profesional?

Esta visión no se aplica porque va contra la lógica feudal, porque conduciría a la extinción de cientos de órganos y su burocracia parasitaria, dueña de concesiones y licencias; porque se acabarían las corruptelas en los fraccionamientos inmobiliarios, los catastros públicos, el tráfico de tierras e innumerables procesos diseñados con el mayor grado de tortuosidad y complicación como para asegurar que el usuario tire la toalla y sea presa fácil de la mordida.

El escándalo de la ANT devela un problema estructural común a secretarías, agencias, municipios, prefecturas, cientos de entidades públicas que malgastan el dinero de los contribuyentes mientras perpetúan el pingüe negocio del permiso previo, hijo ruin del desenfreno normativo. Porque el control y la regulación estatal no están para garantizar el bien común, ¡qué va! La mayor parte de los trámites son absurdos, no añaden valor y dan lugar para que los mandos medios y operativos, la nueva casta feudal, inventen problemas y luego tarifen las soluciones.

Este es el ‘Deep State’ criollo, cuyo negocio no solo está en las refinerías inexistentes, que saltan a la vista aunque nadie las vea, sino también en los atajos de poca monta, quizás más peligrosos que aquellos, pues enraízan sin mayor trauma en la idiosincrasia como un mal necesario, parte del paisaje. ¿Por qué no ha habido en este milenio gobierno alguno, central o seccional, cualquiera su signo político, que ejecute un plan serio de reducción del intervencionismo, raíz del gigantismo estatal, de la quiebra fiscal crónica y de la pesadilla ciudadana? El mal no se extirpa cerrando temporalmente un organismo y purgando personal, si no se elimina la tara de la autorización oficial y el veneno regulatorio que mantiene al súbdito en condición de siervo feudal en lugar de ciudadano emancipado.