Bernardo Tobar Carrión | Minoría privilegiada

En 2019 un grupo de criminales y sus titiriteros asediaron Quito y otras ciudades, secuestraron a policías, apedrearon a periodistas, incendiaron la Contraloría, desaparecieron archivos incriminatorios, asaltaron 11 pozos petroleros, interrumpieron servicios públicos, contaminaron el agua en Ambato, destruyeron vías, plazas, parques, bosques, sembraron el terror por doquier y se pasaron por debajo y por detrás el derecho de la gran mayoría de ecuatorianos a transitar, a trabajar, a vivir en paz, cargándoles paradójicamente la cuenta de las billonarias pérdidas provocadas por una minoría violenta. ¿Consecuencia? Ninguna. El gobierno capituló y los autores y partícipes del rosario delictivo fueron beneficiados con la amnistía por una Asamblea cómplice de la conspiración.

En 2022 se reeditó el estallido, como lo llamó su infame cabecilla, y volvió a rendirse el gobierno. No hubo amnistías, pero tampoco enjuiciamientos. Ahora volvió el país a estar secuestrado por tercera vez en algo más de un lustro, estrangulado a la altura de sus provincias norteñas. En las tres ocasiones ha sido la Conaie, a nombre de los pueblos indígenas, la promotora de un conflicto que solo beneficia a la minería ilegal, al narcotráfico, a las mafias políticas desesperadas por volver al poder, mientras los ciudadanos de a pie, sin distingo de nacionalidad, los productores, los artesanos, los agricultores, los estudiantes, las amas de casa, los trabajadores, terminan de rehenes de una movilización tan cobarde que ni siquiera articula sus verdaderas pretensiones, pues ha quedado claro, una vez más, que lo del subsidio al combustible no fue más que una fachada. ¿Quedarán impunes otra vez?

Por mucho que haya, según parece, distancia entre los dirigentes de la rebelión y el indigenado que representan, cabe preguntarse si la plurinacionalidad, la jurisdicción indígena, los derechos colectivos y otros absurdos que los convirtieron en una minoría privilegiada, mandona, desafiante en sus consignas, son dislates constitucionales que están en la raíz de un escenario de violencia que se repite porque se sienten intocables, por encima de la ley. Montecristi jerarquizó la ciudadanía, ominosa e intolerable deformación. Si algo debe enfatizar una nueva carta política es la igualdad ante la ley sin concesiones, fortaleciendo el sistema para sentar en el banquillo a quienes la violan.