Arturo Moscoso Moreno | ¿Eliminar la jubilación patronal? Más razones aún
Así, lo que debía ser un límite se transformó en un multiplicador. Un verdadero disparate jurídico
La semana pasada escribí sobre eliminar la jubilación patronal, esa institución que en el papel luce como beneficio, pero en la práctica se convierte en castigo: apenas entre el 2 % y el 4 % accede. El debate fue intenso. Algunos defienden la idea de mantenerla como un ‘derecho’, cuando en realidad expulsa del mercado laboral a miles de trabajadores.
Pues bien, hay más razones para eliminarla. Porque como si el diseño legal ya no fuera suficientemente perverso, la Corte Nacional de Justicia decidió interpretarlo de tal forma que lo volvió todavía más oneroso. El Código del Trabajo establece que la pensión patronal no puede ser menor ni mayor a ciertos límites: hacia abajo, el Salario Básico Unificado (SBU); hacia arriba, “la remuneración básica unificada media del último año de servicios”.
Es claro que el legislador se refería al mismo SBU en ambos casos: un parámetro objetivo y general. Pero no, la Corte resolvió que hacia abajo sí es el SBU, y hacia arriba, mágicamente, es el promedio de la remuneración del propio trabajador en su último año. Es decir, inventaron algo así como una ‘remuneración básica personal’, categoría que no existe en nuestro ordenamiento. Así, lo que debía ser un límite se transformó en un multiplicador. Un verdadero disparate jurídico.
El absurdo no termina ahí. Esa jurisprudencia obligatoria se sostiene en tres fallos, en dos de los cuales la ponente fue la misma jueza. En otras palabras, lo que comenzó como una ocurrencia personal terminó convertido en norma para todo el sistema.
El resultado: inseguridad jurídica, cargas imprevisibles para empleadores -que no son solo grandes empresas sino también personas naturales y pequeños negocios- y, al final, más incentivos para despedir antes de tiempo. Exactamente lo contrario de lo que se supone que debe protegerse.
La jubilación patronal ya era un fósil jurídico que funcionaba como trampa. Con la jurisprudencia, el castigo se agrava. Y si una institución expulsa del empleo a la mayoría para que unos pocos la disfruten, con interpretación judicial incluida, la respuesta debería ser clara: eliminarla.
