Los partidos y movimientos políticos están en crisis desde hace muchos años. Eso lo sabemos. Viven una decadencia institucional y de confianza ciudadana. Pese a ello son parte ineludible del sistema democrático. Por más desprestigiados que estén, nadie en su sano juicio ha propuesto eliminarlos a todos de la ecuación -aunque ganas no faltan- sin embargo, la pregunta 4 de la consulta popular del presidente Guillermo Lasso apunta a depurarlos y darles algo de legitimidad, sobre todo a los movimientos políticos.

Reemplazar la figura del adherente (tal como contempla el anexo), que sostiene a muchas de estas organizaciones políticas de papel, debe ir más allá de un cambio de membrete. Elevarlo a la figura de afiliado sin duda les dará, en el caso de que la propuesta sea aprobada, otra categoría, más deberes y obligaciones. Pero ya que se les va a otorgar responsabilidades, que se les den todas. Si son capaces de agitar una bandera, de acompañar a su candidato en los recorridos, de enlodarse los zapatos en las caminatas, de literalmente sudar la camiseta, seguramente no les molestará costear con su propio dinero la campaña electoral de sus candidatos en medios de comunicación. Lo que le costará al Estado, es decir al bolsillo de todos los ecuatorianos, el pago de la propaganda publicitaria en medios tradicionales y digitales de todos los candidatos en las elecciones de febrero próximo serán 12,9 millones de dólares. Es una cantidad que puede tapar o al menos aliviar otros huecos, como la falta de medicamentos en los hospitales, o la dotación de insumos a la Policía Nacional para combatir a la delincuencia organizada, por ejemplo.

Ecuador no puede darse el lujo de pagar con el dinero de todos la campaña electoral de ningún candidato, cuenten o no con la oportunidad de ganar. Así también se combate el negociado del uso indiscriminado de estos recursos públicos que, en algunos casos, son direccionados solo a los medios complacientes con el candidato o para sacar una tajada del pastel.

La promoción es parte de la campaña, pero no a costa de los ecuatorianos. Que el costo lo asuman los afiliados en igualdad de condiciones y con un proceso de auditoría para asegurarse de que su origen no sea ilícito. Al que quiera ser afiliado, que le cueste.