Una patología amenaza a tres jueces

Quien quiera que haya estado tras la denuncia por prevaricato en contra de los tres jueces que levantaron la orden de prisión preventiva contra los hermanos Álvarez, por el caso Goleada, es alguien que, en su patológica obsesión por controlar la justicia, no ha sido capaz de pensar que, si finalmente su idea cuaja y los jueces son destituidos, se habrá lesionado, una vez más —pero quizá de forma definitiva—, la independencia de la justicia.

Es probable que la mente detrás de la denuncia no sea Daniel Frías Toral, el abogadillo que la formuló. Ni el fiscal Carlos Alarcón, que está en el cargo para obedecer órdenes de quien seguramente está tras la denuncia y que, oh sorpresa, se ha sumado a ella.

En realidad, Frías es, como lo dijo el penalista Felipe Rodríguez en su columna en Primicias, apenas un mensajero. Y, en efecto, lo que hizo Frías con su denuncia fue enviar un mensaje para que los jueces del país no se atrevan a fallar en contra de los deseos y los intereses del Ejecutivo.

“Si lo haces, serás destituido”, es el mensaje que alguien está enviando, por intermedio de Frías, a los jueces Wiler Chóez, Silvana Velasco y Byron Uzcátegui.

Un plan posible por el control institucional

Ahora bien, si bien es cierto que la idea es de una perversidad de dimensiones bíblicas, también es verdad que el plan no es impracticable. Y no lo es porque quien quiere acobardar a los jueces sabe perfectamente que el Consejo de la Judicatura, que es el organismo que tiene que decidir sobre ellos, está completamente a su merced.

No hay que olvidar tampoco que el mensajero, es decir, Frías, tiene algunos cadáveres en el clóset: ha sido investigado por tráfico de influencias y compró un carro que había sido de la estructura criminal de Leandro Norero.

Cuando la Fiscalía no hace su trabajo

El caso en contra de los jueces podría ser razonable si no fuera por un motivo que Rodríguez señala en su columna: la Fiscalía fue incapaz de demostrar dos cosas que necesitaba para mantener la prisión preventiva.

La primera era presentar evidencias suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública. La segunda, evidencias claras, precisas y justificadas de que el procesado es autor o cómplice.

Eso no ocurrió: la Fiscalía no hizo los deberes y a los jueces no les quedó otra alternativa que dejar en libertad a los Álvarez.

Si la idea cuaja y los tres jueces son destituidos, se habrá hecho un daño irreparable al país.