Continúa la expectativa por determinar las imputaciones al gobierno anterior, como los vuelos en aviones presidenciales (“a paraísos fiscales”). Tampoco se definen las implicaciones del asesinato del Gral. Gabela; aunque se anunció que se revelaría nombres, no se tiene ni copia de sus informes. Y no se ha establecido la inocencia alegada por los sublevados del 30 S; habiendo algunas muertes, ellos se autodefinen como víctimas, aunque fueron sentenciados por testimonios de sus compañeros e innegables evidencias. El juicio pendiente por secuestro debería ajustarse al art. 188 del Cód. Penal anterior, que definía el plagio para obtener algún beneficio, o como tentativa extraprocesal para ejecutar orden de aprehensión. Se habla reiteradamente de sobreprecios en todas las obras del gobierno anterior; Contraloría debe establecer técnicamente responsabilidades de los comités, administradores, fiscalizadores, etc., de contratantes y contratistas. Estos sobreprecios estarían entre $ 30.000 y $70.000 millones, que no se pueden desvanecer ni eludir los controles financieros internacionales. Un fiscal ofreció establecer la ruta del dinero; lamentablemente desapareció de manera intempestiva. Todas las imputaciones, como el caso “sobornos”, deben ser configuradas a lo que dispone el art. 257 y los reformados del anterior Código Penal o el 280 del COIP, demostrando que los involucrados recibieron dinero a cambio de hacer o no hacer lo que les facultan sus competencias. Si no estos trámites podrían desarticularse. 

Ab. Jorge Chambers