La exvicepresidente de la República, no elegida por votación popular, ha sido sentenciada a un año de cárcel por recibir diezmos de sus colaboradores inmediatos, que se beneficiaron con empleos duraderos mientras ella era asambleísta y lideraba un supuesto partido político que no estaba registrado en el CNE. Según ella, eran donaciones voluntarias; según sus propios colaboradores, que la denunciaron, no era tal. Fue destituida en la Asamblea del cargo que ostentaba en ese momento. Esta misma Asamblea, hasta ahora, no revisa, peor aprueba, la eliminación de la pensión vitalicia para aquellas personas que han sido sentenciadas por actos de corrupción. ¿Qué están esperando?

Roberto Flores T.