Si los ecuatorianos queremos acabar con la corrupción, debemos desarrollar una participación cívica activa, agresiva, radical y permanente. No lo vamos a lograr con actitudes tibias ni posiciones tímidas. Toda la sociedad debe reaccionar y debe dejar de lado miedos a opinar o a comentar. Los colegios profesionales deben ser mucho más radicales con aquellos de sus afiliados que participen en actos de corrupción comprobados; deben sufrir castigos ejemplares, con consecuencias condenatorias de tipo permanente, de manera que exista miedo a delinquir. Las condiciones actuales son de permisividad a la delincuencia: sistema judicial timorato y demorado, recursos de apelaciones exageradamente flexibles y condescendientes. La corrupción ha llegado al extremo y se vislumbra complicidad en el aparato gubernamental.

Si se reformaran algunas leyes, inclusive la Constitución, para implementar no solamente la muerte civil desde el punto de vista político como se maneja actualmente, sino, de tipo general, profesional, burocrático y de ser posible una proscripción general.

Aquellos corruptos que posean títulos profesionales deberían ser impedidos de ejercer la profesión de por vida; tener prohibición de trabajar en la burocracia, en cualquier posición. Y, los dos castigos anteriores deben ser concurrentes. Si queremos erradicar la corrupción del sistema judicial deberíamos pensar en un sistema con jurados y con procesos más expeditos, ser radicales en nuestra lucha y tapar aquellos agujeros que muestran los escondrijos por donde se escapan los corruptos.

Ing. José M. Jalil Haas