Parecería que el sistema judicial de nuestro país es un problema crónico en el escenario público, porque siempre se lo ha utilizado para judicializar la política, sea persiguiendo a los rivales o para tomar retaliaciones contra quienes atentan contra ciertos intereses. Lo grave es que en el ámbito privado se producen situaciones que perjudican a las partes, en especial en materia de menores, que son los que más necesitan del amparo judicial, como el caso de unos juicios de alimentos que no son despachados oportunamente. Uno de ellos ya tiene tres años sin que el menor reciba ninguna asistencia del progenitor; el juzgado lo impulsa en “cámara lenta” pese a que se han cumplido todos los pasos procesales, en especial la citación por la prensa. Pero presentar quejas o denuncias ante el Consejo de la Judicatura -CJ sería para que el trámite se dilate más aún. Recusar al juez puede alterar el estado del proceso y los llamados requerimientos ahora exigen claves o códigos innecesarios, en lugar de hacerlos directamente, como antes. En conclusión, tanto el sistema judicial como el CJ le están debiendo agilidad y oportunidad al ciudadano, contrariando lo dispuesto en los arts. 17 y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, retrocediendo así al pasado de discrecionalidad judicial que creímos superado.

Ma. Anunzziata Llerena Naranjo