En la absoluta desprotección en que se vive en Guayaquil, la integridad del ciudadano común, de su familia y su patrimonio, se ve permanentemente amenazada por una delincuencia cada vez más audaz y mejor equipada, y cada vez más consciente de la impotencia de nuestra esforzada y carente de recursos institución policial, que pone en peligro la estabilidad institucional, la vida, la libertad y los bienes de las personas; en general, los derechos humanos. En los últimos tiempos llaman la atención los crímenes y asaltos masivos a restaurantes, medios de transporte público y particulares, comercios y viviendas, cometidos por pandillas de delincuentes organizados; delincuencia y criminalidad a gran escala que ya no se dirige únicamente al potentado o rico que alguna protección puede procurarse, sino que elige como principales víctimas a ciudadanos comunes, a los que arrebatan de un solo zarpazo, cuando no la vida, todo el producto de su esfuerzo y trabajo. Muchos han adoptado medidas extremas y se han recluido en sus hogares, así en ellos no exista la tranquilidad añorada. Hechos tan graves como estos demandan el pronto accionar de autoridades con prevención y represión de tales conductas; con nuevas estrategias bien coordinadas. Si no se los enfrenta con mano dura de forma oportuna, terminaremos sitiados más de lo que estamos. ¿O esperan que Guayaquil termine emulando a ciertas ciudades de la región sitiadas por la muerte y el terror?

Ec. Mario Vargas Ochoa