Esta epidemia de la corrupción se exacerba con el devastador COVID 19; en conjunto originan el peor momento para el país. El uno causa enfermedad y muerte, el otro permite a usurpadores sacar provecho de los insumos médicos para la emergencia sanitaria, enriqueciéndose, sin tener intención de ayudar a los miles de enfermos de COVID-19. En la gran mayoría de hospitales del país se cometieron delitos graves, denunciados y comprobados; se esperan que la justicia cumpla y haga cumplir la ley.

La situación llego al punto que la Fiscalía General, la Corte de Justicia y la Policía Nacional realizaron más de 50 allanamientos en dependencias públicas y privadas. Tuvieron resultados, con unos ya presos, otros prófugos, otros escondidos y unos con grilletes electrónicos. No es coincidencia ver el nivel de vida de estos corruptos que se hicieron millonarios, muchos hasta sin trabajar. La honestidad no es un atributo de la mayoría de políticos ecuatorianos. La gente honesta que ha acumulado fortuna lo ha hecho durante décadas de trabajo. Por otra parte, más de 30 asambleístas están siendo investigados por corrupción. Ya unos destituidos. A ellos se suman prefectos, alcaldes, concejales, consejeros, exministros, exvicepresidentes y expresidentes. El espectáculo de impunidad que hemos presenciado no es producto del azar; es resultado de uno de los dogmas promulgados por la vieja partidocracia y que ha perdurado en tiempo y espacio: los peces grandes son los que no están presos, o pocos lo están, y de esto surge la pregunta: ¿podrá la fiscal general, Diana Salazar, derrotar a este “sistema mafioso”? Difícil es preverlo, pero ya entregó a algunos corruptos. Señor presidente, el país exige más seriedad para frenar la corrupción, desarticulándola, cambiando la forma de elegir a los funcionarios, por méritos, experiencia, además de no permitir afinidades, que son “sociedades para delinquir”. Queremos sobrevivir con honradez.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo