La penosa experiencia de los ecuatorianos de verse sometidos por una horda de salvajes, que no protestantes, por segunda vez en menos de tres años obliga a hacer una reflexión profunda. Todo el mundo espera que solo el Gobierno central contenga los avances del populacho enardecido por sus demandas, justas unas y otras no, por incomprensiones, revanchismos, y en algunos casos, por resentimientos sociales. Las demandas no han sido debidamente analizadas por dirigentes ni “asesores” (¿los tienen?). Algunas no resisten el menor análisis lógico. Injusticias hay, pero estas crean el argumento bajo el cual se cobijan vivarachos para medrar política o económicamente, a espaldas de los que realmente las sufren. La libre movilidad no es argumento para trasladarse a ciudades armados de palos, lanzas, armas blancas, armas de fuego. Esto lo deben regular los municipios: a sus límites no puede entrar, en especial en situación conocida de protesta, gente armada con ningún tipo de elemento de ataque, y eso se hace mediante ordenanza. La actitud de la alcaldesa de Guayaquil, de ubicar patrullas y volquetas en los accesos es persuasión, pero se debe prohibir, en tiempos de convulsión, el ingreso de personas que van con intención de vandalizar y hacerlo con anticipación y en coordinación con el Gobierno central. Una acción conjunta, como verdadero Estado. No tomar precauciones delata la falta de visión de estadista de algunos alcaldes y poco conocimiento de la ley. Se evitarían las súplicas porque se declare estado de emergencia a las ciudades atacadas.

José M. Jalil