En estos días a todos los ecuatorianos nos llena de tristeza conocer que nuestros amigos, conocidos, clientes, relacionados y familiares pierden sus empleos, abandonan sus emprendimientos, o sus empresas y negocios inician procesos de liquidación al perder los ingresos en razón de la escasa o nula demanda de bienes o servicios, disminuidos de tal forma que no se alcanza a cubrir, y cuando las proyecciones en semanas, meses y años tampoco son alentadoras. Quizás el propio lector se encuentra en este escenario.

Ante esto, el Estado ecuatoriano a través de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial del 13 de diciembre del año anterior 2019, eximió a partir del año 2020 del pago de contribuciones societarias a favor de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a todas aquellas compañías que se encuentren en estado de disolución por cualquier motivo o de liquidación en pleno derecho. La reforma debió publicarse en diciembre pasado, a fin de que tuviese vigencia a partir de su siguiente año 2020 -lo que terminó ocurriendo-, podrá deducirse lógicamente.

Ya desde el año anterior y por circunstancias de otra naturaleza -políticas y económicas-, era previsible que un gran número de inversionistas optarían por disolver y liquidar emprendimientos y compañías. Hoy y ahora, sumada la calamidad global, más que previsible es penoso y apremiante. La norma terminó siendo justa, pues recogió y ha recogido un clamor justificable.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aún no ajusta su servicio informático y pretende así, este año 2020, a negocios y compañías en liquidación, cargar y cobrar tales contribuciones societarias, ahondando la desesperación de trabajadores, colaboradores y accionistas, que tardarán así en recibir indemnizaciones que les permitan cubrir necesidades básicas y primarias actuales y futuras. No puede alegarse desconocimiento de ley en algo tan urgente, ni tampoco que afecte los ingresos que la Superintendencia de Compañías tenía previstos. La ley es la ley, dijo hace algunos años un gobernador del Guayas.

Dr. Roberto Illingworth C.