Es la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala, depende de las Naciones Unidas y colabora con el Ministerio Público y la Policía en los países que la solicitan, en la investigación de delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad. Asesora técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, puede hacer denuncias administrativas contra funcionarios públicos y se especializa en contrabando, defraudaciones tributarias, corrupción del sector público, financiación de partidos políticos y campañas electorales, corrupción judicial, narcotráfico y lavado de activos. No le cuesta al Estado porque está financiada por la Unión Europea, EE. UU., Suecia, Alemania y otros. Criticada por el Partido Socialista por estar impulsada por la ONU y EE. UU., abrió una megainvestigación contra Otto Pérez Molina, expresidente guatemalteco, y su vicepresidenta Roxana Baldetti, que renunciaron y afrontan juicios. Un organismo como este le conviene al Ecuador dada la rampante corrupción de su justicia. Ya sabemos quiénes la tacharán alegando lesión a la soberanía o descubrimiento inoportuno de los robos que son el pan del día. Si en mis manos estuviera, pediría ayuda a la ONU, no ahora, sino ayer.

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar