Cartas de lectores: Si Noboa gana la presidencia

En el poco tiempo del periodo presidencial debe priorizar el derecho a la seguridad jurídica, poniendo interés en recordarles a los ecuatorianos que la Constitución de Montecristi nos costó $ 215’000.000, que al dividirlos para los 444 artículos, más las transitorias que contiene, da un valor de $ 484,234,23 por cada uno. Luego se hizo una consulta para reformarla por $ 30’000.000, el 25 de diciembre de 2015, y se hicieron enmiendas; nos llevaron en febrero 4 de 2018 a una consulta popular y se reformaron varios artículos. En la Constitución de 1998 había un Tribunal Supremo Electoral, de siete vocales en representación de partidos políticos y movimientos que habían obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones, que presentaban ternas al Congreso Nacional; eran elegidos por mayoría, duraban en sus cargos 4 años y podían ser reelegidos. En la Constitución actual está formado por el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, cada uno de cinco miembros, y duran en sus funciones 6 años. Los funcionarios del CNE tienen 10 años en el cargo con funciones prorrogadas, en espera que el CPCCS nombre a los titulares. El pueblo ecuatoriano ya no confía en este organismo. El elefante blanco del CPCCS, cuya función esencial es designar a los funcionarios de los órganos de control (Procuraduría, superintendencias de Bancos, Compañías, defensor del Pueblo Fiscalía, Contraloría y Consejo de la Judicatura). En la mayoría de ellos son funcionarios encargados porque este CPCCS inoperante y entorpecedor no funciona. En la Constitución anterior a estas autoridades el Congreso las designaba, y existía la acción de amparo constitucional, que cualquier persona podía presentar habiéndose vulnerado su garantía. Su reclamo debía ser requerido en un tiempo oportuno. En la actual se llama acción de protección, donde no existe la caducidad, jueces constitucionales reintegran a exfuncionarios que dejaron el cargo hace 20 años y le tienen que pagar los años que no trabajó. Les recuerdo que los valores que se pagan son plata de los ecuatorianos. Se requiere de urgencia la derogatoria de esta norma suprema (que fue elaborada y aprobada en forma arbitraria; algunos artículos ni siquiera pasaron por la Asamblea), al igual que algunas leyes, como la Ley de Consumo de Drogas, reformar el Código Penal en relación a las medidas sustitutivas, aprobar la Ley de Extinción de Dominio.

Miguel Bayona Triviño