Cartas de lectores | Paro criminal que va tras del oro
La minería ilegal será su próximo negocio. Los terroristas serán enjuiciados y castigados con 20 a 26 años de cárcel
Nadie cree que el paro decretado por dos delincuentes se deba al aumento del precio del diésel. Las protestas buscan un pretexto: el viejo asunto de los combustibles, que durante medio siglo enriqueció a muchos pícaros.
Vargas amenaza con tomarse Quito si el gobierno no elimina el Decreto 126. Los dirigentes indígenas deben saber que, si actúan como delincuentes, serán sancionados según la ley.
El paro de Imbabura se impuso a la fuerza: asaltos a florícolas, destrucción de leche y quesos, neumáticos pinchados y negocios cerrados. El presidente fue atacado con palos, piedras y balas; cinco asaltantes fueron detenidos y liberados por una jueza correista que será investigada. Ibarra sufre carestía de gas, alimentos y agua; los camiones con víveres y medicinas son vandalizados. Rebeldes atacaron el cuartel de Otavalo y quemaron vehículos particulares.
Las manifestaciones en Quito han sido sofocadas. La marcha del 12 de octubre, con pueblos como Kayambi y Kitu Kara, fue disuelta en la Avenida Napo; solo algunos grupos llegaron a El Arbolito y El Ejido. El convoy humanitario de 37 vehículos enfrentó piedras, palos y Molotov, llegando finalmente a Ibarra.
En Buenos Aires, cantón Urcuquí, se desarticulan operaciones de minería ilegal vinculadas a los jefes del paro. Tres SAS —Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals— exportaron 268 millones de dólares en oro en 2023, pagando tributos mínimos. En total, 17 empresas apenas cubrieron 986.266 dólares de impuesto, 11 veces menos de lo debido.
La minería ilegal será su próximo negocio. Los terroristas serán enjuiciados y castigados con 20 a 26 años de cárcel, y Noboa habrá cumplido con la Patria.
Carlos Mosquera Benalcázar