Cartas de lectores | Observación crítica a la sentencia 878-20-JP/24

La Sentencia No. 878-20-JP/24 de la Corte Constitucional del Ecuador, aunque en apariencia protege a las mujeres en período de maternidad, evidencia nuevamente el doble discurso de un órgano que debería ser el máximo garante de los derechos, pero que en la práctica actúa con tibieza, calculando efectos políticos antes que comprometiéndose con la fuerza vinculante de la Constitución.

La Corte reconoció que la licencia por maternidad no se extingue con el fallecimiento del hijo y que protege también la recuperación integral de la madre. Sin embargo, evitó dar el paso decisivo: ordenar su aplicación inmediata y ‘erga omnes’ a todas las instituciones públicas, privadas y de seguridad social. Esa omisión es inaceptable en un Estado constitucional de derechos y justicia (art. 1 CRE), donde los derechos deben aplicarse de forma directa e inmediata (arts. 11.3 y 426 CRE), sin necesidad de que cada mujer deba interponer una nueva acción de protección para que se reconozca lo obvio. Al no hacerlo, la Corte dejó la puerta abierta a que la burocracia continúe negando derechos con el pretexto de que “no está en la ley” o “no existe reforma reglamentaria”, perpetuando el viacrucis administrativo que castiga a las personas más vulnerables. Este comportamiento muestra que la Corte se comporta más como un actor político que como un verdadero tribunal constitucional, dictando fallos ‘con piola’, que suenan protectores pero que en la práctica no cambian nada para el pueblo.

En la Constitución se establece que los derechos son irrenunciables, de aplicación directa y vinculante. La Corte Constitucional no puede seguir actuando con cálculos ni medias tintas. El pueblo no necesita sentencias tibias, necesita garantías reales. Y mientras la Corte siga produciendo resoluciones más políticas que jurídicas, seguirá traicionando la razón misma de su existencia.

Carlos Julio Govea Maridueña