Cartas de lectores | Informes de los GAD, el Gobierno y el juez
No puede usarse la revocatoria como una maniobra que deje abierta la posibilidad de explotación minera
La Gobernación del Azuay, mediante comunicado del 22 de septiembre de 2025, anunció que, en cumplimiento de la decisión presidencial de no continuar con el proyecto Loma Larga, se convocó al alcalde de Cuenca y al prefecto del Azuay a una mesa técnica para sustentar informes ambientales, paso previo a la anulación de la licencia ambiental.
Esta convocatoria responde a un comunicado anterior, del 11 de septiembre, en el que el Gobierno solicitó a los gobiernos locales pronunciarse ante la preocupación ciudadana por el impacto en el agua del proyecto minero de la empresa Dundee. Las autoridades locales entregaron los informes solicitados y pidieron la revocatoria de la licencia ambiental para la fase de explotación.
Dado que el Gobierno ha expresado su voluntad de no avanzar con el proyecto, se espera que se declare la nulidad de la licencia ambiental por ser contraria a la Constitución y la ley. Además, conforme al mandato popular expresado en la consulta del 7 de febrero de 2021, que prohibió la minería en zonas de recarga hídrica, no podían emitirse actos administrativos para avanzar en la explotación. Cualquier acción posterior carece de eficacia legal.
Sin embargo, no basta con revocar la licencia. La sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay exige cumplir cuatro medidas de reparación (informes del Maate y Etapa, consulta previa y consulta ambiental), las cuales no se han ejecutado adecuadamente.
Para cerrar el caso, el Gobierno debe: 1. Emitir un decreto o acuerdo que prohíba la explotación minera en zonas de recarga hídrica, cumpliendo la consulta popular. 2. Dejar sin efecto lo actuado por el ministerio en el trámite de las medidas de reparación. El juez de ejecución deberá declarar el incumplimiento de esas medidas y la invalidez de la licencia ambiental.
No puede usarse la revocatoria como una maniobra que deje abierta la posibilidad de explotación minera. La voluntad soberana del pueblo de Cuenca debe respetarse plenamente.
Carlos Castro Riera