Cartas de lectores| Exigencias de los GAD: municipios y prefecturas
La falta de control, amparada en la autonomía es preocupante
Ecuador enfrenta desde hace tiempo una crisis económica que lo obliga a depender de préstamos de organismos multilaterales. El Gobierno, en fechas clave como el pago de décimos, debe ‘raspar la olla’ para cumplir con sus obligaciones, recurriendo a préstamos para pagar sueldos. Es necesario analizar cómo se usa el dinero público. La Constitución obliga a transferir a los GAD el 21 % de los Ingresos Permanentes y el 10 % de los No Permanentes, derivados de la venta de petróleo. El art. 238 garantiza esta entrega a los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen autonomía política, administrativa y financiera.
Ante esto surge una pregunta clave: ¿administran bien los GAD los recursos que reciben? ¿Quién los controla? Muchos políticos, más preocupados por su imagen que por servir, se promocionan como salvadores mientras cumplen con obligaciones básicas. Un funcionario electo debe actuar con honradez y rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía. No se le hace un favor al pueblo con las obras; es su deber. Sin embargo, muchos priorizan obras innecesarias que generan popularidad, sumadas a gastos absurdos en fiestas, reinas y artistas, incluso en las parroquias más pequeñas. Usan la ‘autonomía’ como pretexto para manejar a su antojo recursos que pertenecen al pueblo.
El 4 de septiembre, Diario EXPRESO citó al presidente de AME, Patricio Maldonado, quien amenazó con acciones legales si el Gobierno no entrega los fondos. Pero los GAD no hacen esfuerzos por generar ingresos propios. La falta de control, amparada en la autonomía es preocupante. La Contraloría debería intervenir, revisar contratos antes de firmarse y aplicar una reingeniería institucional. En Quito, los gastos corrientes superan a los de inversión, situación común en municipios y prefecturas del país. La Asamblea Nacional debe poner fin a este despilfarro, exigiendo responsabilidad en el uso del dinero público y sancionando a los funcionarios que incumplan.
José Agustín Arias Osejo
