Cartas de lectores | Constitución pro-desarrollo
¿Por qué será que ciertos sectores recalcitrantes de la rancia burocracia dorada del Estado ecuatoriano?
La Constitución Política del Perú, vigente hasta la actualidad y aprobada mediante referéndum nacional el 31 de octubre de 1993, si bien requiere perfeccionarse en el ámbito político, ha demostrado solvencia y efectividad en el campo económico, a pesar de la inestabilidad política en el vecino país.
En efecto, desde el año 2018 hasta la fecha, dicha inestabilidad ha provocado la designación —tanto en las urnas como en el parlamento peruano— de cinco presidentes de la República. Sin embargo, pese a esa tormentosa y polémica actividad política, el Perú, gracias a esa misma Constitución, ha continuado creciendo de manera sostenida en todos los sectores de la economía durante los últimos cinco años.
En la Constitución vigente del Perú, los servicios públicos como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones no son considerados sectores estratégicos, por lo que se permite la inversión privada, aunque el Estado se reserva el derecho de regularlos para garantizar el acceso universal y la calidad de los servicios. Asimismo, en sectores como la minería y la pesca, se permite la inversión privada, sujeta a regulaciones estatales.
En cambio, en Ecuador, la Constitución vigente desde el año 2008 reserva para el Estado el control y la gestión de los sectores estratégicos, lo que restringe o prohibe la inversión privada directa en áreas como los hidrocarburos y la minería, la generación eléctrica, las telecomunicaciones, el agua, el transporte y la refinación de hidrocarburos, así como las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. No obstante, pese a la reserva estatal, existen mecanismos como las concesiones o las asociaciones público-privada que permiten una participación limitada de la inversión privada.
Solo para comparar algunas cifras: el PIB per cápita en el año 2024 en Perú fue de 8.452,37 USD, con una Población Económicamente Activa de 17’500.000 habitantes; mientras que en Ecuador fue de 6.934 USD, con una PEA de 8’600.000 habitantes.
La Inversión Extranjera Directa en Perú durante el año 2024 alcanzó los 6.799 millones de dólares, mientras que en Ecuador fue de apenas 232 millones; es decir, el Perú nos superó en 6.567 millones de dólares en ese indicador.
Como dice el dicho, “para muestra basta un botón”. ¿Por qué será que ciertos sectores recalcitrantes de la rancia burocracia dorada del Estado ecuatoriano y algunos dirigentes sindicales se oponen a la consulta popular para establecer una nueva Constitución que impulse el desarrollo? La respuesta se la dejo a su perspicaz inteligencia.
Econ. Víctor Gavilánez Castro