Caso Progen: Fiscalía excluye de la formulación de cargos a los exasesores de Roberto Luque

El fiscal Carlos Alarcón omitió a los colaboradores más cercanos del exministro de Energía, Roberto Luque, en su reciente pedido de formulación de cargos por el caso Progen. 

Pese a su participación directa en la estructura administrativa y en las fases contractuales de los contratos de emergencia eléctrica, figuras clave como Peter Dreher y José de Oliveira Allu no constan en la lista de próximos procesados por presunto peculado, aunque sí fueron investigados en la fase previa. La decisión de la institución judicial también favorece a representantes de un estudio jurídico particular que afrontó allanamientos en agosto de 2025.

Roles clave en la gestión contractual

José de Oliveira Allu, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, ocupó un puesto estratégico desde abril de 2024 hasta diciembre de 2025. Bajo su supervisión pasaron las fases preparatoria, contractual y de ejecución de los acuerdos con la empresa Progen, que comprometieron casi 110 millones de dólares por motoes hoy inservibles. Su gestión se amparó en la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, documento firmado por Luque que centralizó en su despacho el filtro legal obligatorio de todas las adjudicaciones de las empresas eléctricas del país.

Por su parte, Peter Dreher participó de forma activa en la elaboración de las fichas técnicas y los términos de referencia para las centrales de Quevedo y Salitral. Correos electrónicos del 28 de mayo de 2024 confirman el intercambio de esta información sensible entre Dreher y la Subsecretaría de Generación, con copia directa al entonces ministro Luque y al coordinador De Oliveira. Además visitó las instalaciones de Progen, junto con Luque, en mayo  de 2024, cuando se elaboraban estudios de mercado. Pese a estos registros de su intervención en la etapa previa a la firma, el Ministerio Público decidió no incluir a Dreher en la próxima imputación de cargos.

Vínculos con el estudio Pino Elizalde

La exclusión alcanza también a la persona jurídica Pino Elizalde Abogados y a sus socios Daniel Alfredo Pino Arroba, Marco Antonio Elizalde Jalil y Stevie Raúl Gamboa Valladares. En agosto de 2025, la Fiscalía General, liderada entonces por Wilson Toainga, ejecutó allanamientos contra sus viviendas y oficinas como parte de la indagación previa. Sin embargo, la línea de investigación sobre su presunta participación se mantiene bajo reserva, aunque existen registros públicos de la relación entre el estudio y la cartera de Energía durante el periodo de Luque, que en sí no constituye delito.

Entre los nexos documentados consta el auspicio del estudio jurídico al congreso Energy III en octubre de 2024, evento donde De Oliveira participó como panelista. Además, el excoordinador jurídico hizo públicas reuniones con representantes de este bufete para tratar temas de mediación. No obstante, tras el análisis de las evidencias, los nombres de los abogados Pino y Elizalde no forman parte del grupo que enfrentará la audiencia de formulación de cargos.

Otro vínculo, aunque no se refiere a Progen, data de en mayo de 2024 cuando Luque nombró a Valeria Arroyo como su asesora en el Ministerio de Enrgía, y en julio de 2024 la ubicó en el Viceministerio de Hidrocarburos. La abogada Arroyo también había trabajado para la firma Pino Elizalde.  Para este Estudio, en su momento solo señalaron que no eran abogados de Progen y que colaboraban con la investigación. 

El origen del perjuicio estatal

El caso Progen investiga irregularidades en la compra de generadores eléctricos para mitigar la crisis energética nacional. Las denuncias presentadas ante los organismos de control advierten sobre un posible sobreprecio que fue posible gracias al diseño de términos de referencia a la medida de la proveedora. El Estado desembolsó millonarias sumas, casi 110 millones de dólares, por los motores que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas para su operación.

Mientras el proceso contra un grupo reducido de personas avanza hacia la Corte Nacional de Justicia, la ausencia de Luque y sus asesores en la investigación fiscal genera cuestionamientos en los sectores ciudadanos como la Comisión Nacional Anticorrupción, debido a que este equipo viabilizó operativa y jurídicamente los contratos que hoy se señalan como perjudiciales para el erario nacional.