Hay un oficio de resultados provisionales de Contraloría que recoge más de $ 5 millones por no efectuar trámites sobre rótulos publicitarios. Hay la versión de un funcionario municipal que dice que apenas 18 tuvieron permiso. Pero el jueves 12 de enero, en la mesa del Concejo Cantonal donde se desarrollan las tradicionales sesiones, no aterrizó el caso de las vallas.

Fue una jornada dinámica, que duró algo más de 15 minutos y en la que estuvieron presentes once concejales: hubo cuórum. Con Josué Sánchez como alcalde encargado, se trataron los cinco puntos del día, que consistieron en solicitudes, conocimientos de actas y resoluciones... Pero nada sobre las monumentales estructuras.

EXPRESO aterrizó a la sesión y, apenas los concejales se levantaron de las sillas de la amplia mesa, les consultó a tres de ellos y a un alterno si ya han hecho sus descargos como la institución lo ha solicitado, en el marco de la auditoría que se realiza al Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil y que los incluye.

Luzmila Nicolalde, de la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, manifestó que todos los concejales han sido notificados por la Contraloría y aseguró que todos los ediles ya presentaron los descargos. “Todos hemos respondido, todos. Confirmado”.

El alcalde (e), Sánchez, brevemente respondió a este Diario y, mientras se marchaba del salón, apenas soltó que la “dirección jurídica puede dar más información”. Pero hasta el cierre de este artículo, el Municipio aún no contestaba los pedidos de información sobre si hay sancionados y qué acciones se han llevado contra estos, entre otros puntos.

En tanto, Lidice Aldás, de la Revolución Ciudadana, también confirmó que envió sus descargos a la institución, pero cuestionó el rol del Concejo frente a esta auditoría. “Hay que revisar bien cuáles son las funciones que el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) nos permite como concejales. Realmente no tenemos acceso a la parte financiera”, argumentó.

No obstante, Aldás defiende su gestión en torno a los pedidos ciudadanos. “En el caso Vallas muchos estaban alarmados, y he entregado comunicaciones desde 2021 de este caso, de Letras Vivas y de (los contratos de) trapeado, pues la mayor preocupación que tenía era la contaminación visual. Sin embargo, no he recibido información de esa parte”, puntualizó.

Aldás también dijo que se enteró de la situación de las vallas por el informe de Contraloría, pero no puertas adentro, es decir en el Municipio que lidera Cynthia Viteri. “Lo importante es señalar quién no vio que se pongan vallas en Guayaquil, hay alguien que tenía responsabilidad. ¿Quién responde?”, se preguntó.

Laura Arteaga, otra concejal de la alianza PSC-Madera de Guerrero, se encuentra con licencia, por lo que su suplente, José Flores, estuvo ayer en la sesión del Concejo. Él alegó que conoce del tema, pero que no tiene que hacer un descargo, pues a él la Contraloría no lo ha notificado. Pero sí da sus comentarios en torno al caso.

“Tiene que transparentarse todo este proceso, porque no puede quedar el hilo de duda en la ciudadanía. Los que están inmersos tienen que demostrar lo contrario y si no, (imponer) la sanción correspondiente contra quienes hayan afectado el patrimonio, recursos de los guayaquileños”.

Así como lo contó ayer EXPRESO, la Contraloría se encuentra realizando un examen especial al cumplimiento de las ordenanzas para la instalación y renovación de los rótulos. En un oficio de resultados provisionales, se detalla que de acuerdo con un censo municipal se contaron 548 rótulos publicitarios, de los que se evidenció, según la comunicación provisional, que “no se efectuó el trámite administrativo correspondiente que permita efectuar la recaudación relacionada con 243 estructuras por el monto de $ 5’275.603,32”.

• Proyecto no se ejecutará

No se ejecutará el proyecto de la estación de transferencia de desechos sólidos no peligrosos ni contaminantes en la vía a la costa. De esta resolución, suscrita por la alcaldesa Viteri el pasado 26 de septiembre, tuvieron conocimiento los ediles que acudieron ayer a la sesión. Desde el Cabildo dijeron que la decisión de la alcaldesa está fundamentada en informes de direcciones municipales.