El Mercado del Norte alcanza otro rollo, uno ajeno a los comerciantes que reclaman la culminación de la obra, uno que atañe, más bien, a los posesionarios del terreno adonde se pretende asentar, en el centro de Guayaquil.

En septiembre de 2020 se publicó la obra con código LICO-MIMG-002-2020, para la ‘Construcción del Mercado Municipal Norte’, al consorcio Mercado Guayaquil (Colonnag S.A. 40 % - Óscar Eugenio Ordóñez Chalna 40% - Madinvers S.A. 10 % - Carina Elizabeth Marroquín Puente 10 %), por un monto de $ 1’301.523, con un plazo de ejecución de 300 días. Lo que no se entiende desde las cuatro familias que viven en el terreno, pues aún hoy no se ha concretado la desocupación de los predios.

De hecho, la maquinaria llegó cuando aún los habitantes del área seguían allí, cuenta Jéssica Mancero, una de las posesionarias del terreno. Recuerda que incluso la obra empezó en enero de 2021 y se llevó parte del cerramiento.

“Nosotros pusimos una medida legal y hubo una sentencia en primera instancia a nuestro favor, que dictaba que el Municipio se abstenga de obstaculizar a los posesionarios”, dice sobre el terreno que la familia asegura ocupar, con documentación en mano, hace más de 90 años, con más de cuatro generaciones de sus miembros.

Más allá del tema legal de la posesión, lo que indigna a la familia de Mancero es que no haya habido una adecuada socialización de la obra. “He sufrido seis meses dentro de una megaconstrucción. He tragado polvo y soportado ruido, humo. Hasta nos hemos enfermado de afecciones respiratorias por este motivo”, cuenta.

Menciona el acoso de los albañiles, con piropos a ella y a otras mujeres y niñas de la familia, y señala que los niños debieron estos meses buscar otro espacio para poder escuchar clases, porque allí, simplemente, era imposible por el ruido de las maquinarias.

“La ley reconoce la posesión y tenemos dos sentencias que la reconocen. El Municipio nos notifica de la obra a los siete meses de que se hizo la declaratoria de utilidad pública. A eso se suma la parte humana y la agresión sufrida este tiempo. Yo estoy hasta sorda”, describe Mancero.

Al respecto, el Municipio explicó a EXPRESO que las familias no tienen título de propiedad y que los ocupantes no tienen derecho de propiedad o dominio. “A pesar de aquello, la municipalidad ha estado dispuesta a cancelar el valor de las edificaciones, las cuales se avaluaron a valor comercial, pero ellos quieren el doble del avalúo realizado”, cuenta el Cabildo en un comunicado.

No dice nada sobre la obra, que según Mancero se ha paralizado los últimos días, pero explica que el Cabildo “no puede disponer de los recursos de los guayaquileños pagando un valor superior al que corresponde de acuerdo a la ley”. De allí, agrega, que “el asunto se está dilucidando en la Corte”.

“La Corte Provincial rechazó una acción de amparo posesorio planteado por estas personas, sin embargo, siguen impidiendo arbitrariamente la obra pública. Los ciudadanos deben conocer que el interés común prevalece sobre el interés particular, por lo tanto, estas personas abusan de su derecho, exigiendo el doble del valor que corresponde, anteponiendo su interés personal a una obra pública tan importante”, sigue.

El abogado Arturo Parra Benítez, defensor de la familia, explicó que aunque haya sido declarada en utilidad, la obra no fue socializada a tiempo ni consulta a los vecinos del lugar ni de la manzana antes de empezar, “lo que es una grave falta a los artículos 85, 95, 98 y 100 de la Constitución, que garantiza la consulta previa y la participación ciudadana”.

La postura del Municipio, cree, responde a una “tremenda falta de conocimiento al derecho del posesionario. De hecho, la expropiación está caduca. Se pasó el tiempo de hacer el proceso y eso lo vamos a debatir en la Corte”, menciona.

El abogado sostiene que en este proceso ha habido violaciones constitucionales y legales que no pueden ser desconocidas por la autoridad, y resalta que las familias esperan un valor justo, que bordea el medio millón de dólares, aunque han expuesto que ya hubo otros acercamientos con funcionarios municipales y se espera llegar a un acuerdo pronto.

Las familias hicieron una denuncia pública contra el procurador síndico Christian Castelblanco, quien, aseguran, los instó a “no despertar la ira del Municipio” y les enumeró las formas en que podrían desalojarlos sin pagarles nada.

Al respecto, el Cabildo no niega la acusación y en cambio defiende al procurador y dice que “en dicha reunión se prestó todas las facilidades para una solución dialogada. Lamentablemente estas personas amenazaron con la acción legal”.

Este Diario consultó con el Cabildo por qué la obra está supuestamente paralizada hace semanas, si se supone que ya había avanzado en un 14 %. La respuesta a esa interrogante está en trámite.

Un retraso de cuatro años

La obra del Mercado del Norte parece un eslabón perdido en la agenda municipal. Primero los comerciantes fueron sacados de su lugar, junto a la Clínica Guayaquil, con la promesa de que se construiría, pero ese año (2017), ni el siguiente, ni el siguiente, hubo algún avance de la construcción.

Es recién con Cynthia Viteri que se licita el proceso. Y en marzo de 2020, que se subió por primera vez, quedó desierto. En un nuevo intento, la obra se adjudicó el 22 de octubre de 2020. Tiene 300 días para culminarse.