Llevan carteles en los que resaltan que aún no les pagan. No tienen fuerzas para caminar y algunos requieren ayuda. Atrás quedaron los años que dedicaron a enseñar a cientos de generaciones que pasaron por sus aulas. Ahora viven un drama que no termina: están tristes y se sienten olvidados por el Gobierno que les adeuda los incentivos económicos.

Son los maestros jubilados que no reciben su compensación jubilar, o no la han recibido completo. Ellos viven un calvario por el incumplimiento de un beneficio al que tienen derecho desde 2008, según el art. 216 del Código de Trabajo. En el país suman 15.000 los perjudicados.

Entre 2019 y 2020 el Estado había pagado el 62 % de lo adeudado; para el 2021 se anunció otro desembolso, pero el dinero no llegó ni siquiera para algunos maestros con enfermedades catastróficas o discapacidad.

A pesar de que la salud de ellos no es buena, cada cierto tiempo muchos de ellos se concentran en la Plaza San Francisco y acuden a la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda y hacer escuchar sus quejas.

Este es el caso de Herbi Gary Herrera (62), quien se jubiló en 2018 después de 30 años de ejercer la docencia. Tiene artrosis en la columna y rodillas, por eso camina lento y apoyado de un bastón.

El docente lamenta no contar con el dinero necesario para un tratamiento médico privado, porque en el seguro social es complicado obtener una cita a tiempo.

“La pensión jubilar solo alcanza para comer y pagar los servicios básicos. Necesito que me cancelen ese incentivo económico para tener una mejor calidad de vida”, expresa.

Para muchas personas, la jubilación es un tiempo para descansar y disfrutar de lo que se ha cosechado durante años de trabajo. Sin embargo, para los jubilados rezagados, estos han sido años de dolor, frustración e incertidumbre.

Más de una centena de maestros ha perdido la vida porque tienen enfermedades catastróficas y no han tenido los recursos para la compra de medicinas y costear un tratamiento médico privado. Los otros dicen que seguirán luchando hasta que sus cuerpos aguanten.

Al menos eso cree Kenya Sernaqué, quien después de ejercer la docencia por 29 años, se jubiló en 2019 por discapacidad psicoemocional; además tiene diabetes y artrosis.

Dice que necesita medicinas para controlar sus males, pero estas nos las tiene el seguro social. “Por eso seguiré luchando para que me paguen la compensación. No quiero morir sin cobrar lo que por ley me corresponde, como ya sucedió con otros compañeros”, enfatiza.

Una incorrección cometida por empleados de varios distritos educativos, al emitir la acción de personal, ha detenido la generación de la orden de pago del bono que les serviría para pagar exámenes médicos y medicinas que debe tomar diariamente por las enfermedades que la mayoría padece.

“Hay muchos trámites burocráticos y hasta malos tratos en esas instituciones, que prolongan la agonía que estamos viviendo”, relata Zoila Bautista (62), otra maestra jubilada en 2019 que hasta ahora no recibe la compensación.

El año pasado se operó de la columna y hace dos meses fue sometida a una cirugía en su mano derecha. A pesar de eso dice que seguirá luchando hasta lograr que le paguen lo que por ley le corresponde.

El no pago de los incentivos no es lo único que les preocupa a los jubilados. A un grupo de 12 maestros se los ha involucrado con una supuesta deuda que jamás han contraído.

En esa lista está Zulay Apolo (65), quien se acogió a la jubilación en 2019. En el distrito 1 no quieren dar trámite a su proceso porque dicen que arrastra una deuda de $ 2.500 desde el 2010.

“He presentado los roles de pago respectivos en donde dejo constancia de que aquello es una mentira; sin embargo, me siguen teniendo como morosa, obstaculizando el pago de un dinero que necesito para seguir mi tratamiento médico”, relata indignada la maestra que es hipertensa y tiene problemas de tiroide.

Carolina Campoverde, otra maestra perjudicada, cuenta que por lo menos tres veces a la semana acude al mencionado distrito educativo para ver si hay alguna respuesta positiva a su trámite, pero no logra su objetivo. “He llevado los certificados de no adeudar y todos los documentos que me piden para el trámite, pero me tienen engañada, al igual que a los otros compañeros”, explica.

Los perjudicados han acudido a la Defensoría del Pueblo para dar a conocer el problema y están a la espera de que esta entidad los ayude a lograr aquello por lo que han venido luchando por varios años.