Son 101 escalones, 10 escaleras, cinco pisos. Inés Buenaño saca un pañuelo blanco para secar el sudor que chorrea profuso por su frente luego de subirlos. Sabe que cuando le toca ir a la Defensoría del Pueblo, debe traer algo para limpiarse. No hay elevador y la escalada la deja jadeante.

Manuel Álvarez hace el mismo recorrido en el doble de tiempo. Un fallo en su columna lo ató a un bastón desde hace varios años. Su paso se ralentiza porque perdió la visión de su ojo izquierdo. Ya no sabe cuántas veces ha tenido que hacer el trayecto, para solucionar una denuncia que puso en la institución.

Es una ironía, apunta Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, que siendo la Defensoría del Pueblo una entidad que vela por los derechos de las personas, la falta de mantenimiento del edificio en el que funciona esté vulnerando a las personas con movilidad reducida.

Este inmueble está a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y, de acuerdo con los usuarios, el daño en su elevador es un mal recurrente.

Pero esto no solo pasa en edificios públicos. Un residente de una edificación ubicada en las calles Luque y Pedro Carbo, que prefirió no identificarse, denunció que en este lugar, al igual que en otros inmuebles del centro de la ciudad, los elevadores tienen más de 40 años y, por esta causa, fallan constantemente.

Aunque estas construcciones son privadas, hay negocios como restaurantes e, incluso, notarías, que funcionan en estas instalaciones. El abogado Virgilio Jarrín asegura que, aunque el elevador del edificio donde labora no ha dejado de funcionar por más de una semana, sí es necesario hacer una actualización del equipo.

No tiene quejas de la pronta reacción de la administración del lugar, cuando de reparación se trata, pero sugiere la medida para evitar incidentes.

De acuerdo con estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en un año se han duplicado los rescates de personas en elevadores con fallas mecánicas o por falta de energía que, en su mayoría se dan en el centro de la ciudad.

En 2018, 30 personas fueron auxiliadas por los bomberos. El año pasado fueron 59. “Al momento de realizar la inspección para obtener el permiso de funcionamiento, el propietario o administrador del edificio debe presentar un comprobante de haber realizado el mantenimiento preventivo del elevador”, explica la entidad a través de un correo electrónico.

En los siete pisos del edificio donde funciona la Defensoría, ubicado en 9 de Octubre y Pedro Carbo, además están el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), del primer al tercer piso; la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), en el cuarto piso; Defensoría del Pueblo, en el quinto y sexto; y el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), en el séptimo.

Navarrete lamenta que lo que ocurre en este edificio se repite en otras construcciones públicas y privadas de Guayaquil. Hay edificios altos y vetustos, cuyos elevadores se dañan con frecuencia y obligan a sus usuarios con movilidad reducida a vivir la odisea de subir por las escaleras.

“Hay una vulneración de derechos humanos a la movilidad, al libre tránsito, por tratarse de personas de grupos de atención prioritaria. Es fundamental en este tipo de organizaciones que brindan servicios en temas de derechos el facilitar el acceso”, comenta.

Mirelli Ycaza, coordinadora Zonal 8 de la Defensoría, está consciente de que hay que garantizar la accesibilidad al servicio. Informa que, como medida preventiva, han colocado un escritorio en la planta baja de la edificación para atender a personas con movilidad reducida. Sin embargo, hay usuarios, como Oswaldo García, que se quejan de no obtener una atención completa.

Ycaza reitera que la entidad ya hizo solicitud a Inmobiliar para que la institución se mueva a otro lugar. “Es urgente para nosotros pasarnos a un lugar que sea accesible para los usuarios y para nuestros servidores, que están con problemas de salud y se les complica subir por las escaleras”, pide.

Añade que apenas se daña el ascensor, ellos informan a Inmobiliar para que lo arreglen, pero es tan reiterativo que preferirían cambiarse. EXPRESO se comunicó con el Departamento de Comunicación de Inmobiliar para saber por qué no hay un arreglo definitivo a este inconveniente, pero hasta el cierre de esta edición no contestaron.

Este Diario también pidió respuestas al Municipio de Guayaquil para conocer si toman medidas en cuanto al control del mantenimiento de edificaciones antiguas, para prevenir accidentes, pero tampoco respondieron.