Otra vez las universidades públicas del país afrontan un recorte en su presupuesto que ha generado varias reacciones de los rectores de las 32 instituciones educativas, quienes vislumbran un panorama poco alentador para las actividades académicas de los siguientes meses del año.

MINUTO A MINUTO / Coronavirus en Ecuador y el mundo: todas las noticias actualizadas.

El recorte de 98’210.190 dólares pone en peligro el trabajo académico; salarios y estabilidad de docentes, trabajadores y empleados; y sobre todo el número de cupos para acceder a la educación superior.

Así lo han dicho los rectores consultados por Diario EXPRESO, quienes aseguran que esta decisión tomada el 1 de mayo por el Ministerio de Finanzas fue unilateral y difundida a través de un comunicado oficial, debido a la emergencia sanitaria, tomando como argumento que ellos son el órgano rector de las finanzas públicas a nivel nacional.

En el caso de la Universidad de Guayaquil, la más grande del país por el número de estudiantes que tiene (70.000), la disminución de recursos asciende a $ 12’899.408,16 en la aplicación de las partidas que corresponden a contrataciones en servicios personales y contratos civiles, que perjudica directamente a profesores y personal administrativo.

Roberto Passailague, rector del alma mater, explica que este es el segundo recorte presupuestario en lo que va del año.

En enero a la institución se le redujo $ 3’332.785,95. “Si con esa disminución teníamos que hacer malabares financieros para evitar que se dañe la calidad educativa y se deje de contratar a profesores para no recargar de trabajo a los existentes, con este nuevo recorte no podremos contratar a profesores y se pone en riesgo los cursos de nivelación para los nuevos estudiantes, y que algunas facultades se queden sin el primer ciclo de ingreso a la universidad”, menciona Passalaigue con preocupación.

El presupuesto de este centro educativo, que cuenta con 2.954 docentes y 1.919 colaboradores entre personal administrativo y de servicio, ha ido disminuyendo cada año, hasta llegar a los $ 168’669.402 dólares para el 2020, a los cuales hay que restarle los $ 12’000.000 del nuevo recorte.

Durante los dos semestres del ciclo académico, la institución oferta 16.000 cupos, pero ante esta situación, el rector asegura que ni siquiera la mitad de estos podrá ofrecer.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) también ha sido objeto de dos drásticos recortes presupuestarios en los últimos seis meses.

“Esto afecta gravemente a nuestra operatividad. Esta vez, se ha consumado una reducción de 5’380.649,70 dólares, que no permitirá mantener la contratación de nuestros profesores, lo cual pone en inminente riesgo el funcionamiento de la institución y nos obliga a replantear el inicio del año académico”, manifiesta la rectora. Cecilia Paredes.

Añade que “este atropello constituye un atentado contra el país y vulnera el derecho de más de 370.000 jóvenes ecuatorianos a recibir educación superior, pues se trata de un bien universal y de un servicio público que no debe ser menoscabado ni perjudicado y, más bien, debe ser considerado como una inversión estratégica para construir un mejor futuro para los ecuatorianos”.

En el caso de la Universidad de Cuenca, la disminución fue de $ 5’546.702 y según su rector, Pablo Vanegas, fue una decisión “sin comunicación previa y de manera unilateral”, que dejaría como efecto el despido de docentes.

El presupuesto de este centro de estudio para este año es de $ 52'000.285 y corresponde a la distribución nacional de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto a la renta, dentro de un rubro conocido como el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). De aquí sale el monto para sueldos y salarios de los cerca de 1.200 profesores y alrededor de 400 personas que trabajan en el área administrativa, pues esta merma representa el 11 % de sus ingresos.

Vanegas aclara que la decisión del Ministerio de Finanzas violenta el numeral 2 del artículo 165 de la Constitución, que establece que “(…) Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”.

A la Escuela Politécnica Nacional se le reducirían más de 4’000.000 de dólares, a pesar de que ya en 2019 le recortaron otro 9 % de su presupuesto.

Los profesores de la Universidad Técnica de Cotopaxi advierten que el recorte de 1’454.601 dólares es una asfixia para esa institución que se vería afectada en su oferta académica y planta docente.

Mientras que la Universidad Central del Ecuador señaló, mediante comunicados, que la institución se vería obligada al despido de profesores, medida que torna inviable la oferta académica del centro educativo.

Los estudiantes, profesores, personal administrativo solicitaron al Ministerio de Finanzas que disponga la restitución de los fondos de todas las universidades y escuelas politécnicas.

El ministerio no se ha pronunciado sobre el tema.

FEUE: HAY QUE RESTITUIR LOS FONDOS

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) señala que existen alternativas frente a la crisis. “La educación superior es motor para superar duros momentos, se requiere más inversión para investigar y afrontar mejor la situación”, manifiestan en un comunicado en donde piden que restituya los fondos de las universidades.

A los estudiantes les preocupa la posible reducción de cupos. “Si las plazas actuales son insuficientes, la disminución de las mismas sería un atentado contra los jóvenes que quieren ir a la universidad pública”, subraya el comunicado.

CUATRO DE CADA 10 ALUMNOS SE QUEDAN FUERA

Desde el II semestre del 2012 hasta el II semestre de 2019, 2’241.732 jóvenes bachilleres demandaron un cupo para el acceso a la educación superior a nivel nacional. De esta cantidad de postulantes, se asignó un cupo a 1’197.451 durante el periodo 2012-2019. Mientras 1’044,281 no accedió a la universidad, según datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt). En el 2019, 311.654 personas solicitaron mientras que el sistema ofertó 178.846, es decir que cuatro de cada 10 personas se quedaron fuera de la educación superior.