Guayaquil es la ciudad bicentenaria de los contrastes, por un lado recibe premios de turismo por ser un punto estratégico para convenciones y, por otro, es catalogada como excluyente y neoliberal en una investigación reciente, a propósito de su crecimiento inclinado a la privatización de espacios públicos y los aún existentes, pero invisibles para ciertos sectores, cinturones de pobreza.

A propósito de todos sus escenarios complejos, asociaciones barriales, organizaciones civiles y líderes comunitarios quieren lograr un cambio permanente e integral desde varias aristas para la urbe, a través de una consulta popular cantonal que tiene diez preguntas en agenda y ya fue llevada al Consejo Nacional Electoral.

EXPRESO accede al documento gracias a los líderes que están al frente de la propuesta, César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos; Fernando Alburquerque, del Movimiento Acción Social, y Shirley Muñoz, representante del movimiento Acción Ciudadana.

Además de ellos, otros 9 colectivos se sumaron a la causa, que acoge temáticas que han sido parte de la coyuntura. Por ejemplo, el transporte urbano. La pregunta 1 cuestiona si el ciudadano aprueba la creación de un sistema de pago único y la construcción de políticas públicas e incentivos renovar todas las unidades a eléctricas.

Hay preguntas que atañen a la forma en que se administra la ciudad. La 4 sugiere que el contrato de concesión del agua y alcantarillado de Guayaquil con Interagua no sea renovado una vez que termine su vigencia y sea la Empresa de Agua y Alcantarillado de Guayaquil, Emapag, quien se haga cargo del servicio directamente conforme la Constitución.

Y en la pregunta 6, Guayaquil por Todos pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo que, en un plazo no mayor a dos años, se disuelvan y liquiden todas las fundaciones municipales, a fin de que el Municipio, a través de sus direcciones o empresas públicas, redistribuya las acciones o funciones de las mismas.

Otras preguntas ponen en la palestra un reclamo que decenas de colectivos han hecho los últimos años, la falta de participación ciudadana efectiva. La 9 dispone que todas las instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos en Guayaquil, tengan establecida una política de consulta y participación obligatoria, sobre los asuntos que afecten directamente la economía de los usuarios y consumidores.

En la 10, se cuestiona si el ciudadano está de acuerdo en que se proceda a elaborar un proyecto de ordenanza que reforme íntegramente la ordenanza de participación ciudadana de Guayaquil que fue aprobada en 2011 y que no cuenta con los parámetros para brindar una participación real y eficiente.

Priorizar los gastos municipales a la prevención y atención de los impactos económicos, sanitarios, sociales y educativos de la COVID-19, ampliar la cobertura de internet y el tiempo de conexión gratuito, trabajar en pro de la seguridad con otras entidades, permitir a los comerciantes informales trabajar de manera libre y organizada y mejorar el sistema de recolección de desechos sólidos e impulsar el reciclaje desde la fuente son las otras propuestas de la consulta.

César Cárdenas explica que el motor para impulsar esta propuesta deviene del hecho de querer vivir en mejores condiciones, con participación garantizada y promover la igualdad de condiciones en la urbe.

“No puede ser posible, por ejemplo, que existan aún sectores sin agua potable, alcantarillado y pavimentación, a los que aún no se les reconoce la legalidad de sus terrenos. El pretexto que han tenido es no ampliar los límites de la ciudad. No hacia allá, pero sí a vía a la costa. Quieren menor inversión en el desarrollo y más ganancia. Esa es una gran y lamentable realidad”, sostiene.

Fernando Alburquerque, otro de los líderes, resalta el enfoque social de la consulta. Cuenta que fue hace dos meses cuando se consolidó la alianza Todos por Guayaquil, como bautizaron al grupo que acoge a todas las asociaciones, colectivos y organizaciones que se unieron a la causa.

Para elegir los temas se hicieron discusiones virtuales y cada pregunta fue analizada por los actores. Shirley Muñoz, del Movimiento Acción Ciudadana, cree que una de las potencialidades de la propuesta es la lucha por la participación ciudadana, que se ha perdido.

Los colectivos esperan un dictamen de la Corte, que debe analizar la propuesta y la legalidad de los diferentes pedidos que se abordan. Cuando eso ocurra, las próximas semanas, se recogerán 200 mil firmas.