Las experiencias negativas en el comercio electrónico, en el tiempo del coronavirus, han crecido tanto como los clientes y las ventas, aunque los números oficiales no reflejan la magnitud. De enero a julio de este año se han presentado 311 denuncias por Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos en Guayaquil. En el mismo período de 2019 fueron 294, según reporta la Fiscalía.

El incremento parece poco, aunque el fiscal de flagrancia, David Nelson, reconoce que otras decenas de personas han sido víctimas de este tipo de estafas durante los meses de confinamiento. “Las cifras no reflejan la realidad de lo que ha pasado”, coincide el abogado Adeodato Valencia, al asegurar que existe un considerado número de estadísticas que ha quedado en el aire precisamente porque no todos los servicios y el personal para receptar las denuncias estuvo operativo.

Las estafas, según consta en las denuncias, tanto en el Puerto Principal como a nivel nacional, se han dado por adquirir desde ropa y equipos electrónicos, hasta mascotas. Y así como hay clientes afectados también hay vendedores, esto aunque la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) advierte que el porcentaje de estafa es bajo, y enfatiza que el promedio de las transacciones fraudulentas en un año corresponde al 0,5 %.

La cifra, sin embargo, se vuelve importante si se calcula que este año las transacciones por comercio virtual en Ecuador se acercan a los $ 2.000 millones. El 0,5 % de esa cifra, que según la entidad corresponde a estafas en línea, ronda los $ 10 millones solo en 2020. Esto sin contar, a decir de los consultados, los casos que no ingresan en las estadísticas, entre ellos cuando el estafador está en el extranjero.

EXPRESO pudo acercarse al caso de un comprador ecuatoriano que perdió $ 70.000 en estos meses. “Se trata de una persona que compró mascarillas en el exterior”, relata Valencia, abogado y asesor legal del comerciante.

“Sin darse cuenta, tomó contacto con un hacker que había duplicado la página web de una industria internacional. El comerciante se confió y realizó el pago de $ 110.000. Y de ese total recuperó solo $ 40.000 cuando se dio cuenta de la estafa y llamó a la empresa por no haber recibido el producto y advertir al banco extranjero”.

El gremio se defiende y resalta que no es el comercio formal el que está involucrado en estos hechos, sino las mañas del estafador e ingenuidad del comprador.

Hacer transacciones en plataformas que publican anuncios clasificados, por ejemplo; y el hecho de que no exista forma de investigar la reputación del vendedor; son para Leonardo Ottati, presidente de la CECE, los dos factores que hacen a un cliente vulnerable a este tipo de estafa.

Dos clientes de este tipo de páginas virtuales, guayaquileños, cuentan cómo perdieron su dinero. “Deposité $ 450 por un Play Station 4 Pro, al no recibirlo investigué al supuesto comerciante y en Internet otros afectados advierten de que es un estafador. No desconfié por tener sus nombres completos, número de celular y de la cuenta bancaria”, dice Cecilia, quien solicita mantenerse en el anonimato.

El fraude se hace hasta con mascotas. Andrés Pita pagó $ 180 por un perro schnauzer, con todas sus vacunas, pero a los dos días de recibirlo enfermó y el veterinario confirmó que no estaba vacunado. Murió.

A Viviana Zevallos, quien habita en la ciudadela La Puntilla (Samborondón), le pasó algo similar. Depositó $ 400 así también por un can que le traerían desde Quito. Recibió los datos del vendedor, hizo la transferencia, pero la mascota nunca llegó. “Me siento burlada. Me molesta que ningún sistema funcione en el país”, se queja.

Pero las denuncias respecto a este tipo de ventas no solo vienen de los clientes, sino de los vendedores, advierte David Nelson del Castillo, fiscal en flagrancia, en el Cuartel Modelo, en Guayaquil. “Un ejemplo es de una persona que entrega un celular tras ver la foto de la papeleta del depósito. Pero no se dio cuenta de que el pago fue con cheque. Dos días después supo que el cheque estaba sin fondos”, indica Nelson.

Una situación similar le pasó a otra persona que decidió vender su aire acondicionado. Lo ofertó en $ 400, y le pagaron con un cheque robado. Se dio cuenta al ir recién al banco.

En estos casos se evidencia que privar de la libertad en flagrancia no es posible, puesto que la Ley dice que se lo puede hacer en las 24 horas que ocurrió el hecho, y por lo general -narra el fiscal- el afectado se da cuenta a las 48 horas.

Decir en cuántos casos se ha dado una sentencia es complejo. Así como las cifras, los hechos entran en una variedad de estadísticas, según los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En los casos detallados se puede aplicar el artículo 190 del COIP, que trata de la Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos; o el 208 A que es sobre la falsificación de marcas, que se aplica al caso de las mascarillas. Esto da la idea de cuán amplio es el abanico de los delitos informáticos, refiere Valencia, quien asegura que otra de las razones por las que no existe una estadística real de este fraude está ligado a que el delito suele también encasillarse como una estafa común y no virtual.

“Hace falta por lo tanto una Superintendencia de Control de Comercio Electrónico, que indique las páginas donde más se estafan y que dé un aval al sitio web legal y que cumple con el cliente”, enfatiza Valencia.

La visión del cliente es de estar sin la protección debida. “En Ecuador estamos desprotegidos. La pandemia solo ha reflejado lo vulnerable que somos”, añade Zevallos.