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Zaruma se vuelve un agujero negro

Busca frenar la minería ilegal por dos frentes. Los operativos se extenderán hasta Portovelo.

Crespones negros. Los colocaron los zarumeños en muchas casas, como signo de luto para la ciudad.

Pese al inicio del estado de excepción, Zaruma amaneció ayer como cualquier otro día; el sol bañó las casas patrimoniales, su iglesia central, las escaleras empedradas y, por supuesto, el enorme socavón que mantiene en vilo a los locales desde el año pasado.

La novedad se digería con un poco de café pasado en casi todos los restaurantes. ¿Será el estado de excepción la medida que pondrá fin a la extracción ilegal de oro que amenaza con hundir sus hogares?

Para Rosa Feijóo, la respuesta es poco alentadora: “Esto no va a parar hasta que las grandes mineras se vayan de aquí”.

Pero no todos están en contra de estas empresas, hay ciudadanos como Jorge, quien prefiere no revelar su apellido, que reconocen que fue gracias al precioso metal que la ciudad logró desarrollarse. Él se dedica a la compraventa de oro en pequeñas cantidades, aunque dice no conocer a los ‘sableros’ (mineros ilegales).

El alcalde de la ciudad, Jhansy López, es partidario de que se mantengan las mineras, siempre y cuando realicen su trabajo con responsabilidad y alejadas del casco central de Zaruma, donde la preocupación distante se transformó, ya hace mucho, en temor latente.

La semana pasada, a Carondelet llegó un nutrido grupo de zarumeños, liderados por su alcalde, para solicitar la intervención inmediata. De ahí el estado de excepción instaurado por el presidente Lenín Moreno, quien permitirá canalizar alrededor de 4 millones de dólares con el fin tanto de combatir a la minería ilegal, como de remediar los problemas que esta ha ocasionado.

Sin embargo, la inversión palidece al compararse con los 450 millones de dólares que, se estima, harían falta para reparar los mencionados daños.

Carlos Maldonado, delegado del Ministerio del Interior para hacer cumplir con el estado de excepción, indica que este se extenderá hasta Portovelo. Durante los 60 días que durará el decreto, las actividades en ambas localidades continuarán con normalidad, señaló, agregando que los dos únicos derechos que se restringirán serán los de inviolabilidad y transitabilidad.

Ambas medidas buscan frenar la minería ilegal desde dos frentes. Con la restricción de la inviolabilidad, se alistan operativos para intervenir en hogares donde se presume existen ‘piques’ (agujeros clandestinos por donde acceden a las vetas). Mientras que con la restricción de la transitabilidad lo que se pretende es obstruir los caminos por donde transitan los mineros ilegales y, asimismo, confiscar herramientas, desincentivando así la actividad.