Wilma Andrade tiene pocos momentos libres. La candidata a asambleísta nacional por la Izquierda Democrática (ID) conversó con EXPRESO haciendo una pausa en una de las reuniones de planificación que tiene con las direcciones provinciales del partido político. Ella también es la presidenta de la agrupación.

¿Cómo se proyecta la Izquierda Democrática en el escenario electoral?

La Izquierda Democrática tiene un posicionamiento. La gente tiene la referencia de un partido serio y bien estructurado y eso nos ha abierto puertas. También se suma el apoyo que genera Paco Moncayo. Eso va fortaleciendo las candidaturas a la Asamblea.

Los partidos se quejan de falta de recursos para la campaña, ¿eso afecta a la ID?

Las otras candidaturas tienen recursos y, por eso, es una campaña desigual. Nuestra estrategia, ante ese escenario, es la de siempre: puerta a puerta. Nos gusta trabajar con los sectores organizados y acudimos a ellos a escucharlos y a adquirir compromisos. Los sectores tienen propuestas lógicas y necesarias.

¿Esa cantidad de voces detrás de la candidatura de Paco Moncayo no genera posturas demasiado tibias para complacer a todos?

Tenemos una fortaleza que nos cubre: el programa de gobierno. Ese es el escudo de Paco Moncayo sobre lo que puede o no hacer. Hay un acuerdo que todos respaldan. Ese plan ha sido aceptado.

De llegar al Legislativo, ¿qué hará Wilma Andrade?

Hemos hecho un análisis muy responsable desde hace siete meses. Sentimos que muchas de las leyes aprobadas en este Gobierno complican la vida de los ciudadanos. Hay 34 reformas de ley que tienen que ser planteadas. Entre las más importantes está la Ley de Educación Superior: tenemos que devolver la libertad de escoger la carrera universitaria. Para nosotros también es fundamental la lucha contra la corrupción.

¿Tienen alguna propuesta concreta?

Proponemos el proyecto de ley ‘Gobierno de los honestos’. También planteamos la ley de Soplón Cívico, que consiste en que el ciudadano que participó en un delito de cohecho pueda denunciar al funcionario público y su participación no será parte del proceso. Su denuncia será reservada y el dinero recuperado servirá para emprendedores y educación. Este proyecto es fundamental porque con esta norma se podrá denunciar y descubrir a los peces gordos de la corrupción.

Hablan de eliminar algunas entidades como el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué hacer con los funcionarios públicos que pierdan su empleo?

Esas son acciones más desde el Ejecutivo. Paco Moncayo ha dicho que hay que reorientar el trabajo del servidor público. Se van a eliminar los ministerios coordinadores porque son espacios de poder que solo aportan a un proyecto político y no al servicio. Eso se debe optimizar. Por ejemplo, el personal administrativo de esos ministerios coordinadores y del Consejo de Participación Ciudadana puede reorientar su trabajo al apoyo para los emprendedores. Potenciar su trabajo.