El retrato que hizo el embajador de los Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, sobre el sistema de justicia ecuatoriana, es poco alentador, pero realista.

Las fallas que señaló en el marco de una conferencia en la Universidad Andina Simón Bolívar van desde la aplicación de normas obsoletas hasta la existencia de jueces y abogados al servicio del crimen organizado.

“Cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en mero ejercicio burocrático o peor un camuflaje para proteger a narcos, matones o sus testaferros, pagados para lavar su cara, su plata y su imagen pública, la justicia pierde relevancia y se deja de creer en ella”, dijo Fitzpatrick.

Las duras palabras ocurren justo cuando el Gobierno de Guillermo Lasso propone que el combate con el narco, la corrupción y sus organizaciones delictivas sea con una herramienta jurídica que ya aplican otros países: la extradición.

José Morillo, vocal de la Judicatura, asistió al mismo evento junto con el embajador. Este Diario lo contactó, pero no respondió. Allí, tras el atril, dijo que los jueces deberán enfrentarse a la justicia. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, tampoco contestó.

“Las palabras del embajador son acertadas y oportunas porque vivimos una crisis de las instituciones democráticas, donde las bandas criminales han contaminado el sistema judicial en el Ecuador. Creo que se debe deportar a todos los ecuatorianos que han hecho de Estados Unidos el refugio para lavar dinero”, dijo Julio Villacreses Guillén, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí.

El exministro del Interior, Patricio Carrillo, sostiene que las palabras del diplomático son alertas graves que deben invitarnos a un gran debate sobre la justicia, pero también reconocer que lo que nos dice está fundado en hechos, el problema es dar seguimiento real y entender lo débil de nuestro sistema”. En su criterio, el cambio que el país debe hacer comienza por identificar y castigar a los corruptos, capturar a los prófugos, “rechazando candidatos con grilletes, haciendo efectiva la extinción de dominio, descubriendo anónimos operadores del crimen en la justicia y comunicación. No naturalizando la ilegalidad”.

Para Fitzpatrick, los delincuentes se aprovechan de las falencias del sistema judicial. “Estos matones y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte”.

Y agregó: “Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de investigación... Es como decir: ‘Estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y su abogado que hemos iniciado una investigación en su contra por el bombazo de anoche y otra por el sicariato de esta mañana. No hay acusación todavía en su contra porque solamente ahorita empezamos a investigar, pero ahora está avisado. Que tengas un feliz día. Firmado formalmente por la Fiscalía General del Estado. Imagine (es una norma) tan absurda que Colombia cambió la normativa hace décadas, ¿y Ecuador?”.

El presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, José Alomía, reconoce que la función Judicial “hace agua lodo por todo lado”. Pero su opinión es que se trata de una responsabilidad de las autoridades. “Lo más triste y vergonzoso es que el poder político no hace nada por cambiarlo o cambiar de raíz esas estructuras que se hallan caducas y podridas. Los que tenemos voz pero no poder de decisión, no tenemos a quién acudir para cambiar el sistema de justicia”.

El legislador Fernando Villavicencio también está convencido que además de los problemas estructurales, lo más grave es que haya jueces contaminados con el dinero del tráfico de drogas. “Comparto el criterio del embajador de EE.UU., existen jueces vinculados directamente a los carteles y otros que actúan por encargo. Muchos de esos jueces narcos tienen como correa de transmisión a abogados corruptos”.

Dice que hay narcopolítica y narcojusticia. “Es imperativo aprobar la consulta que impulsa la extradición de los narcos y también una reforma orientada a parar el abuso del habeas corpus y recursos constitucionales, así como sancionar a jueces y fiscales”.

• Antecedente. El embajador Fitzpatrick habló en 2021 de narcogenerales, pero las investigaciones no han avanzado. No se los ha identificado todavía.