Este domingo 18 de julio del 2021 comenzó la presentación de las pruebas de cargo y descargo dentro del juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, que sustancia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Villavicencio. 

Las primeras comparecencias fueron de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Diana Atamaint, Enrique Pita, Estela Acero y José Cabrera coincidieron al decir que Celi intervino en el proceso electoral de 2021 cuando pidió la auditoría del sistema informático del CNE y que se deje sin efecto la inscripción en el registro de cuatro organizaciones políticas:  los movimientos Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Justicia Social y Libertad es Pueblo.

La revocatoria de la inscripción no fue acata por el CNE y eso derivó que Contraloría emitiera una predeterminación de sanción contra tres vocales que incluía su destitución y una multa de 20 salarios básicos unificados.  Esto aún no está en firme.

El vocal Cabrera dijo que el entonces Contralor violó el artículo 16 del Código de la Democracia, que señala que "ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales".

La vocal Elena Nájera, quien se principalizó en abril tras la salida de Luis Verdesoto, fue la única que prefirió no pronunciarse sobre la actuación de Celi, pues en ese entonces era vocal suplente.

La Comisión de Fiscalización tiene una lista de 70 comparecencias que se extenderán hasta el 26 de julio. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES) es el que impulsa el juicio político. Este sábado llegó dos horas tarde del inicio de la sesión legislativa.

Lloret sustenta su pedido de juicio político en acusaciones como una supuesta arrogación de funciones en el cargo de contralor subrogante. También, Lloret asegura que Celi incumplió de funciones en el desvanecimiento de glosas durante su administración a varias empresas contratistas con el Estado; y que interfirió en las competencias del (CNE).