Violencia carcelaria incontrolable

Debido a las denuncias públicas comprobadas sobre el funcionamiento del sistema penitenciario, llamado irónicamente Sistema de Rehabilitación Social, el gobierno Moreno ordenó el estado de excepción por decreto 741 del 19 de mayo, “por la inseguridad en las cárceles del país evidenciada por asesinatos. Disponiendo la movilidad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores-Snaipaplai- y el apoyo de la Fuerza Pública (FF. AA. y PP. NN.)”. Pero posteriormente la violencia continúa con el enfrentamiento cruento entre pandillas por el control de los presidios y sus negocios (ventas de armas, drogas, licores, celulares, etc.). Los 36 recintos carcelarios del país tienen una capacidad instalada para 27.730 detenidos, pero actualmente superan los 41 mil, es decir hay un nivel general de hacinamiento del 39,21 %, pero en algunos casos, como en Guayaquil, Quito o Latacunga, supera el 300 %. Mientras que alrededor del 34 % de PPL no tiene sentencia hasta ahora. Existe 1 guía penitenciario para aproximadamente 40 a 45 detenidos, mientras que el estándar internacional es de 1 para 10 a 15. El gobierno anterior invirtió $ 300 millones en la construcción de prisiones, pero con la ausencia de servicios importantes, como comedores, lavanderías, atención de salud y aislamiento, áreas de esparcimiento, lugares para administración de justicia y cultos religiosos, etc. En este escenario complejo y aprovechando el estado de excepción se sugiere prioritariamente: reducir los niveles de hacinamiento evidentes; ampliar, mejorar y completar los recintos carcelarios existentes; formular una verdadera política pública penitenciaria de rehabilitación y reinserción social; impulsar un modelo de cogestión con la participación del Estado, academia, ONG, cultos, cooperación internacional y PPL; la obligatoriedad a PPL de desarrollar actividades educativas y laborales diariamente; dotar de tecnologías a las prisiones, incluyendo sus mantenimientos y reposiciones; y formar y capacitar a guías penitenciarios, mejorando la situación salarial para reducir los niveles de corrupción.